La intervención de Corredores Viales marca la disputa Caputo-Menem
El Gobierno Nacional anunció, mediante un decreto, la intervención de la empresa Corredores Viales S.A., encargada de gestionar las rutas y peajes del país. La medida llega en el marco de un proceso de privatización que, según el Decreto 244/2025, será supervisado por la interventora Anastasia Adem, quien responde al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
Corredores Viales S.A. juega un rol fundamental en la construcción, mantenimiento y explotación de los corredores viales nacionales. La intervención de la empresa, que hasta ahora estaba bajo la dirección de Luis "Toto" Caputo, tiene como objetivo optimizar su funcionamiento y asegurar una transición ordenada hacia la privatización.
La intervención y su impacto en la gestión de la empresa
La intervención implica una auditoría exhaustiva de la empresa, para evaluar su estado financiero, operativo y de gestión. La designación de Anastasia Adem como interventora marca un giro en la administración de la empresa, generando una lucha de poder entre Caputo y Menem.
La lucha interna en el Gobierno: Caputo vs Menem
La designación de Adem, funcionaria vinculada a Menem, ha dejado claro que las tensiones internas en el Gobierno no son menores. La pelea por el control de Corredores Viales S.A. refleja una disputa más amplia por el futuro de la infraestructura vial del país.
La privatización: ¿qué se viene para Corredores Viales?
El futuro de Corredores Viales está marcado por el proceso de privatización, autorizado por el Decreto 97/25. El Gobierno busca disolver la empresa y privatizar sus operaciones mediante concesiones de peaje, lo que ha disparado las especulaciones sobre el rumbo que tomará la infraestructura vial del país.
La privatización de Corredores Viales, que incluye la concesión de peaje para diversas rutas, será un proceso clave en el panorama económico del país. La intervención de Adem, junto con la auditoría y el plan de acción que se desarrollen, será determinante para garantizar la transparencia y la sostenibilidad del proceso.