Piden frenar fumigaciones junto a aulas rurales bonaerenses

La diputada provincial Sabrina Sabat, referente del bloque dialoguista y presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, presentó un proyecto de ley que podría cambiar radicalmente el vínculo entre el modelo agroindustrial y las comunidades educativas rurales. La iniciativa busca prohibir las fumigaciones con agroquímicos en los terrenos lindantes a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, un reclamo histórico que, hasta ahora, no encontró eco en la legislación provincial.

"Es fundamental establecer pautas claras generando zonas de resguardo y así evitar riesgos innecesarios para estudiantes, docentes y no docentes", advirtió Sabat en declaraciones públicas, apuntando a la falta de normativa unificada en el territorio bonaerense.

La propuesta no apunta únicamente a la restricción. Establece la obligación de que el asesor técnico del productor o de la empresa aplicadora esté presente de manera permanente durante el procedimiento de fumigación. También exige que los propietarios o arrendatarios agropecuarios notifiquen con al menos 48 horas de anticipación cualquier aplicación en los campos, y prevé sanciones para quienes no cumplan con esta disposición.

Salud, educación y producción: el triángulo de la tensión

Lejos de confrontar con el campo, la diputada aclaró que "no se trata de ir en contra del sector productivo, sino de exigir prácticas responsables en resguardo de la vida de las personas". La discusión vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre producción agrícola intensiva y salud pública, sobre todo en una provincia donde decenas de escuelas rurales conviven diariamente con la exposición a agroquímicos.

"No podemos permitir que la educación vaya en desmedro del derecho a la salud integral y el ambiente sano", insistió Sabat, quien reclama al Poder Legislativo “el compromiso de todos los actores” para avanzar en esta ley. El proyecto se da en un contexto en el que muchas normativas locales resultan ambiguas o insuficientes para proteger a las comunidades expuestas a fumigaciones, según sostienen especialistas y organizaciones ambientales.

Un antecedente clave: el fallo histórico en Santa Fe

El debate bonaerense resuena con más fuerza tras el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que confirmó la prohibición de fumigar a menos de mil metros del ejido urbano en la comuna de Piamonte. La sentencia, basada en estudios científicos de universidades nacionales, demostró la existencia de daño genético en una niña de 9 años por exposición a agrotóxicos.

El caso marcó un precedente ineludible: por primera vez, una corte provincial declaró la inconstitucionalidad de artículos de la ley vigente por considerar que no protegían adecuadamente la salud de la población. Además, prohibió el tránsito de maquinaria pulverizadora dentro del pueblo y ordenó controles más estrictos en áreas sensibles como escuelas y centros de salud.

Las pericias presentadas mostraron una correlación directa entre agroquímicos y enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. El ingeniero agrónomo Nicolás Indelángelo, citado en la causa, remarcó que “es viable una transición hacia un modelo agroecológico sin afectar derechos de propiedad ni producción”.

Una normativa en suspenso desde 2018

En la provincia de Buenos Aires, el uso de agroquímicos sigue regulado por una normativa que nunca entró en vigencia. Se trata de la Resolución 246 del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, firmada en 2018 y prorrogada recientemente por la Resolución 2/25 del actual ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

La nueva prórroga, por 210 días a partir del 8 de enero, responde a la necesidad de “adecuar herramientas consensuadas con los actores vinculados al Observatorio Técnico de Agroquímicos”. Entre ellas, la receta agronómica obligatoria y el sistema de georreferenciación de zonas restringidas.

Sin embargo, las críticas apuntan a la demora y a la falta de voluntad política para implementar mecanismos de control eficaces. En ese marco, la propuesta legislativa de Sabat busca llenar ese vacío legal y avanzar en una normativa con alcance provincial que priorice la salud y el ambiente, frente a una matriz productiva que todavía resiste regulaciones estrictas.

¿Un cambio de paradigma?

El proyecto de Sabat podría convertirse en el primer paso hacia una legislación provincial robusta en materia de protección ambiental y salud pública. Con la salud de miles de chicos, docentes y familias rurales en juego, la pelota está ahora en el campo legislativo.

En medio de un escenario político y productivo tenso, el desafío no es menor: ¿será posible encontrar consensos para limitar prácticas que, si bien rentables, han demostrado tener consecuencias alarmantes? La Legislatura bonaerense deberá dar la respuesta.