Fotomultas: otro golpe judicial al entorno de D'Onofrio
Un nuevo allanamiento a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional La Plata reactivó con fuerza la causa federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La medida, ordenada por el juez federal Ernesto Kreplak, busca establecer el posible rol de la institución educativa en el presunto entramado de desvío de fondos entre municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).
La pesquisa, una de las que sacude el sistema de fotomultas bonaerense, apunta ahora a determinar si la UTN brindó informes técnicos o cobertura institucional para legitimar operaciones irregulares. El foco está puesto en formularios de distribución de ingresos que, según fuentes judiciales, habrían sido confeccionados por la UTN, pero que derivaban en cuentas bancarias de CECAITRA, sin pasar por los controles administrativos de rigor.
La conexión UTN-CECAITRA bajo la lupa
De acuerdo a voceros con acceso a la causa, la maniobra consistía en utilizar el prestigio institucional de la UTN para respaldar procesos de contratación que permitieran eludir los mecanismos de control del Estado. El juez Kreplak intenta establecer si desde la casa de estudios platense se emitieron informes o sellos que facilitaron el ingreso de fondos públicos en circuitos paralelos, sin rendición ni supervisión efectiva.
La operatoria también está siendo investigada por la Justicia Federal de Tres de Febrero, que ordenó allanamientos en once municipios bonaerenses —incluyendo La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Zárate y San Isidro— por presuntas irregularidades similares. Según la investigación, la estructura de contratos cruzados incluía a empleados de CECAITRA que también serían funcionarios de la UTN, firmando convenios desde ambos lados del mostrador.
El rol de D’Onofrio y el trasfondo político
La causa que involucra al exministro Jorge D’Onofrio, quien renunció a fines de 2024 aduciendo problemas de salud, no deja de sumar capítulos. Aunque en su carta de dimisión aseguró haber sido blanco de “denuncias infundadas”, los elementos que emergen en la Justicia lo complican. La fiscalía investiga una red de beneficios otorgados a empresas vinculadas a CECAITRA durante su gestión, así como supuestos favores judiciales para reducir sanciones por infracciones viales.
La figura del juez Mario Quatrocchi también quedó salpicada. Según el fiscal Álvaro Garganta, el magistrado provincial tomaba casos de multas elevadas provenientes de distintos juzgados municipales para conmutarlas por sanciones mínimas o tareas comunitarias, lo que habría generado pérdidas millonarias a los municipios. Las sentencias más cuestionadas provienen de distritos como San Martín, Chascomús, Lezama, Dolores, Moreno y La Matanza. La operatoria habría involucrado una red de gestores que distribuían las ganancias entre los funcionarios que dictaban las sentencias más leves, según consta en el expediente.
Una cancha de fútbol en el radar judicial
Pero el expediente no se detiene ahí. En paralelo, el juez federal Álvaro González Charvay analiza la denuncia del dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe, quien solicitó investigar una cancha de fútbol en la calle Belgrano al 1200, presuntamente utilizada para blanquear fondos de contratos con la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según el denunciante, el predio deportivo —donde funciona una peña de Boca Juniors— pertenecería a Cristian Germán Ojeda, directivo de Franutec S.A. y dueño de la financiera Token Capital, allanada en enero pasado.
Franutec, adjudicataria de las zonas 5, 9 y 16 de la VTV bonaerense —que comprenden distritos como Ezeiza, Mercedes, General Rodríguez y Lobos—, habría sido beneficiada con contratos direccionados desde el Ministerio de Transporte durante la gestión de D’Onofrio. En ese contexto, el predio deportivo aparece como una posible vía para canalizar sobornos, en los que también estaría implicada la concejal Claudia Pombo.
Un esquema con múltiples ramificaciones
La magnitud del caso pone en jaque no solo a funcionarios del pasado reciente, sino a todo un sistema de concesiones y controles que, según la Justicia, funcionó durante años con escasa fiscalización. La causa también revela cómo algunos actores aprovecharon los márgenes grises entre lo público y lo privado para montar esquemas de recaudación paralela.
Mientras tanto, desde la administración de Jorge Marinucci —quien reemplazó a D’Onofrio al frente del Ministerio de Transporte— buscan marcar un corte con el pasado. Hasta el momento, se produjo el desplazamiento del encargado del juzgado de tránsito provincial en La Plata.
Con nuevos allanamientos y una red de vínculos que sigue desplegándose, la causa promete seguir escalando y convertirse en uno de los escándalos más significativos del entramado político bonaerense reciente.