La Legislatura apura la reforma del cronograma electoral para evitar el caos
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, oficializó la convocatoria a una sesión especial este lunes en el Senado provincial con un objetivo urgente: modificar los plazos del cronograma electoral bonaerense. La Cámara Alta confirmó que se reunirá a las 14 horas para tratar un proyecto consensuado entre todas las fuerzas, en respuesta directa al pedido de la Junta Electoral.
El proyecto propone modificar el artículo 61 de la Ley 5.109 y busca extender a 50 días el plazo entre la presentación de listas y la elección, y a 30 días el tiempo para oficializar boletas. En la práctica, esto fija el 19 de julio como fecha límite para la presentación de candidaturas de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, y el 8 de agosto para las boletas identificatorias.
La advertencia de la Justicia: “plazos imposibles”
La presión llegó desde la Justicia. La presidenta de la Junta Electoral bonaerense, Hilda Kogan, fue terminante: el calendario vigente es “materialmente imposible de cumplir”. La ley actual establece apenas 10 días corridos para verificar y oficializar más de 10.000 candidaturas, sin PASO que funcione como filtro previo.
“No hay imprenta que pueda imprimir 150 millones de boletas en tan corto plazo”, sostuvo una fuente judicial, que advirtió sobre el riesgo de llegar a las elecciones sin boletas o sin listas oficializadas.
Con más de 14,2 millones de electores, 44.000 mesas y 90.000 autoridades de mesa por desplegar, la elección en territorio bonaerense es la más grande del país. Los números abruman: se renovarán 46 diputados titulares, 23 senadores, más de mil concejales y cientos de consejeros escolares. El operativo logístico es de una escala inédita, y los tiempos actuales no alcanzan.
Interna peronista y pulseada legislativa
La sesión especial llega tras semanas de tensión entre el gobernador Axel Kicillof y el sector del peronismo que responde a Máximo Kirchner. Desde el Ejecutivo provincial denunciaron una “extorsión” por parte del kirchnerismo duro, que trabó la votación del proyecto para que Kicillof asumiera el costo político de una elección mal organizada o aceptara unificar los comicios con los nacionales, el 26 de octubre, como pretende Cristina Kirchner.
Andrés Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, apuntó directamente contra los referentes de La Cámpora: “No pudieron ir de frente contra el desdoblamiento y ahora lo hacen bloqueando los plazos”, aseguró.
El proyecto de reforma que se tratará en ambas cámaras -a las 15 en Diputados- lleva las firmas de Teresa García (UxP), Carlos Curestis (LLA), Joaquín de la Torre (DP), Agustín Maspoli (UCR + CF) y Sergio Vargas (URF), y representa un esfuerzo por salir del callejón sin salida.
Entre la ley vieja y la elección moderna
La Ley 5.109, que regula las elecciones bonaerenses desde hace décadas, quedó anclada en un esquema pensado para contextos electorales distintos. Su última aplicación práctica fue en 2003, y desde entonces, la simultaneidad con las nacionales hizo que se aplicaran plazos más amplios.
“El 18% de los candidatos observados en 2023 presentó documentación para acreditar requisitos constitucionales en 20 días. Ahora tendrían solo 10”, advirtió la Junta Electoral, en una descripción que expone la fragilidad operativa del esquema vigente.
Desde el kirchnerismo reconocieron que los cambios “tienen razonabilidad”, aunque remarcaron que la responsabilidad de conseguir los votos recae en el Ejecutivo. “Depende del gobierno si logra el consenso”, dijeron.
Qué puede pasar si no se aprueban los cambios
Sin la reforma, Kicillof enfrentaría un dilema: avanzar con un cronograma inviable o ceder ante el kirchnerismo y volver al esquema de elecciones unificadas con Nación. Esto último implicaría aceptar una derrota política frente a la estrategia de Cristina y Máximo Kirchner, quienes buscan reducir el margen de maniobra del gobernador en la interna.
En el Ejecutivo advierten que no modificar los plazos “es una forma encubierta de sabotear el desdoblamiento”. En cambio, la sanción del proyecto mostraría que aún en medio de disputas internas, el oficialismo y la oposición pueden coincidir en la necesidad de garantizar la viabilidad institucional de las elecciones.