El Gobierno apeló la cautelar que restituyó el feriado estatal
La Casa Rosada volvió a tensar la cuerda con el Poder Judicial. Este viernes, el Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo de la jueza laboral Moira Fullana, quien había restituido por vía cautelar el asueto por el Día del Empleado Público, originalmente fijado para el 27 de junio. El Ejecutivo busca revertir esa decisión con el argumento de que la magistrada actuó fuera de su competencia y aplicó de forma incorrecta la normativa vigente.
Cuestionamientos a la jueza
La noticia fue comunicada oficialmente por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de un comunicado difundido en la noche del viernes. "El Gobierno ha apelado la medida de una jueza laboral que anuló la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público", informó, y agregó que Fullana "vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la Ley 26.854", que regula las medidas cautelares en el ámbito administrativo.
Desde el Ejecutivo apuntaron contra la jueza por "intervenir de manera indebida" en una decisión que consideran propia de la administración central, y advirtieron que "no se puede distorsionar la ley para imponer intereses particulares". También señalaron que Fullana debería haber remitido el expediente al fuero contencioso administrativo, y no decidir desde la órbita laboral sobre una norma de carácter administrativo.
La disputa por el asueto del 27 de junio
La medida cautelar había sido dictada tras un planteo de sindicatos estatales que reclamaron por la restitución del feriado. Fullana falló a favor de esa postura, argumentando que la eliminación del asueto implicaba un retroceso en materia de protección laboral y afectaba derechos adquiridos de los trabajadores estatales.
Sin embargo, desde el Gobierno consideran que el recorte de feriados específicos para el sector público forma parte del plan de ajuste y modernización del Estado impulsado por Javier Milei desde su asunción. Sostienen que la decisión de eliminar el asueto fue adoptada por decreto, en línea con una política de austeridad y racionalización del gasto.
Según explicó Adorni, el objetivo es "ajustar los horarios de atención y presencia del personal en los organismos estatales, en sintonía con estándares internacionales y un uso responsable de los recursos públicos".
Una disputa judicial con derivaciones políticas
La presentación ante la Cámara correspondiente podría definir no solo el destino del asueto del 27 de junio, sino también marcar un nuevo precedente en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. No es la primera vez que el oficialismo cuestiona fallos adversos vinculados al plan de reformas estructurales, y esta causa se suma a una serie de tensiones que siguen escalando.
Por ahora, el futuro del feriado se encuentra en suspenso, a la espera de una decisión de segunda instancia. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el fallo de Fullana no solo afecta sus atribuciones administrativas, sino que también pone en riesgo la coherencia del ajuste fiscal que impulsa la gestión Milei.