Diputados de la Comisión Libra denuncian complicidad judicial con el Gobierno
Ante un nuevo faltazo de funcionarios del Gobierno citados para declarar, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de la Comisión Investigadora de $Libra para disponer su comparecencia mediante la fuerza pública. En su resolución de 24 páginas, el magistrado sostuvo que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria amplíe sus competencias vía normas internas sin respaldo legal, y advirtió que no corresponde que el Poder Judicial actúe como herramienta de coerción para cumplir medidas legislativas.
El dictamen del fiscal Eduardo Taiano, citado en la resolución, coincidió en que no cabe “utilizar al Poder Judicial como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa”.
Los funcionarios citados —entre ellos Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia), Paulo Starc (UIF) y Roberto Emiliano Silva (CNV)— nunca respondieron a las convocatorias del cuerpo legislativo.
Alza de la tensión: apelación y exigencia de transparencia
Tras conocer el fallo, los diputados que integran la comisión votaron, por mayoría, apelar la decisión judicial y ratificaron su decisión de no detener la investigación ante la obstrucción sistemática del Gobierno y otros poderes.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC), afirmó que la resolución “vacía de eficacia práctica al poder de contralor político” y “pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”.
Además, exigieron acceso irrestricto a todos los sistemas informáticos del Poder Judicial y de la Procuración, así como copias de las actuaciones, peritajes informáticos, informes del BCRA, la CNV, la UTI, la Oficina Anticorrupción y expedientes relacionados.
Ferraro comunicó a través de la red social X que la apelación se haría “con reserva del caso federal” y defendió el pedido de asistencia de fuerza pública como “una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones”.
Críticas cruzadas y el rol del Ejecutivo y del fiscal
Desde el bloque que impulsa la investigación denunciaron complicidad entre la Justicia y el Gobierno. Sabrina Selva (UxP) criticó que el fiscal Taiano y el juez estén “obstaculizando” la tarea del cuerpo legislativo, y alertó que muchos funcionarios usan esos dictámenes como excusa para evadir su obligación de declarar.
Selva agregó que un Ejecutivo “encubridor” está montando una alianza tácita con la Justicia para frenar que la comisión avance con fuerza.
Por su parte, algunos legisladores opositores recordaron que en investigaciones históricas previas funcionarios de distintos gobiernos sí respondieron a convocatorias parlamentarias, y cuestionaron el secretismo y la inacción del actual oficialismo.
El fallido pedido de fuerza pública también impacta en el nivel político del Ejecutivo: la decisión del juez fue interpretada como un “freno” al avance parlamentario y representa un respiro para Casa Rosada ante la tensión generada por el caso $Libra.
Próximas citaciones ignoradas y pasos siguientes
Para las próximas sesiones, la comisión citó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al exasesor presidencial Demian Reidel; a Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli (relacionados con Tech Forum); y al ex asesor de la CNV Sergio Daniel Morales. Ninguno de ellos se presentó.
Durante una audiencia de más de una hora con Martínez de Giorgi, los diputados reclamaron el acceso al expediente, especialmente al informe de la Oficina Anticorrupción, que no habían podido ver. El juez manifestó su disposición a responder en plazos “perentorios”.
El Congreso podría ahora recurrir a instancias superiores (Cámara Federal) y reforzar la presión política para visibilizar el caso.