Política Por: Juan Manuel Villarreal08 de octubre de 2025

EE. UU. acusa que Bullrich sabía de aportes de Machado

Un informe de la Justicia de EE. UU. dice que Bullrich conocía aportes de Machado a Espert. Escándalo político que sacude la campaña. Todos los detalles.
Informe de EE. UU. vincula a Bullrich con aportes de Machado

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos habría sido enviado al Ministerio de Seguridad argentino ya en 2021, informando que Federico “Fred” Machado estaba implicado en narcotráfico y lavado de activos. Según ese documento, el Gobierno argentino, bajo la órbita de Patricia Bullrich, habría tenido conocimiento de los aportes que Machado realizó a la campaña de José Luis Espert en 2019.

Diputados de la Comisión Libra denuncian complicidad judicial con el Gobierno

El informe señala incidentes clave: la caída de dos aeronaves con carga de cocaína en Venezuela y México, y la interceptación de otros vuelos en Guatemala y Belice. En total se mencionan 6.400 kilos de droga vinculados al cártel de Sinaloa. También hicieron referencia al episodio del “Narco Jet” en España, donde un avión vinculado a Machado fue interceptado con casi 1.000 kilos de cocaína cerca de Barcelona.

Además, el DHS consignó que entre 2016 y 2019 los aviones de Machado operaron rutas desde provincias argentinas hacia países latinoamericanos de alta presencia narco. En el mismo documento consta que Machado tenía asociaciones con Sergio Daniel Mastropietro, empresario ligado al Grupo Macri, con quien habría compartido domicilio en Buenos Aires.

El informe concluye que el aumento de sus operaciones aéreas y sus conexiones con empresarios del gobierno 2015-2019 permiten inferir que Machado pudo utilizar esa estructura para potenciar actividades ilegales en Argentina.

Bullrich, Espert y la admisión tardía

Aunque el memorando habla de un conocimiento previo del Ministerio de Seguridad, recién en los últimos días Bullrich reconoció públicamente que Machado hizo aportes a la campaña y que transportó en su avión al diputado Espert.

El caso tomó nuevo impulso luego de que la Corte Suprema habilitara su extradición a EE. UU., un trámite que la defensa había postergado durante años. La Corte ratificó que los planteos en su contra no eran suficientes y que la extradición procede conforme a normativa internacional.

Machado rompe el silencio y lanza denuncias

En varias entrevistas recientes, Machado brindó detalles que parecen buscar mitigar su situación. Contó anécdotas sociales: un juego de golf compartido con Espert y su asesor Nazareno, una foto del avión que “Espert usó para ir a Viedma”, y cuestionó una camioneta que habría usado el diputado para asistir a un canal, insinuando que le arrojaron piedras.

Sobre montos, dijo que hubo un contrato “grande de un año” que pudo alcanzar un millón de dólares, sugiriendo que Espert podría haberse quedado con 200 mil dólares. Afirmó no haber invertido en la empresa de arenas y negó conocer a personajes como Lázaro Báez, salvo prestar un avión a Elaskar.

Machado admitió que tiene tobillera electrónica, dijo estar “a derecho” por cuatro años y aseguró que teme la extradición: “Prefiero morir en mi país”, declaró. A la par, lanzó una frase dramática: “Si yo me muero mañana, tengo el césped muy lindo, no manden máquinas buscando nada. Recen por mí”.

Las implicancias políticas y legales

Este escándalo sacude el escenario político justo en plena temporada electoral. La vinculación entre un empresario acusado por narcotráfico y un candidato del espacio oficialista como Espert, sumada al rol atribuido a Bullrich, genera una tensión creciente que puede tener repercusiones directas en la campaña y la narrativa pública.

A nivel jurídico, la pelota ya está en la cancha del Poder Ejecutivo: tras el aval de la Corte Suprema, corresponde que el gobierno argentino decida si accede a la extradición, quedando sujeto a plazos legales y tratados internacionales.

En lo inmediato, la presión mediática y política exigirá explicaciones concretas, y el caso promete extenderse a instancias de control, fiscalización parlamentar y debate público. Cómo responda cada actor implicado podría definir no solo procesos judiciales, sino el clima político de los próximos meses.

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