La reforma laboral del Gobierno: jornada más larga y cuotas de indemnización
El presidente Javier Milei dejó claro que una de las piezas centrales de esta nueva etapa es la modificación de la legislación laboral. En declaraciones televisivas sostuvo que “primero debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”. Y lanzó un desafío a los sindicatos: “Si lo piensan como negocio, están liquidados”.
La reforma laboral se presenta, entonces, como el punto de partida para avanzar también con una reforma tributaria y la ampliación de la base imponible, según detalló el mandatario.
El proyecto base y los incentivos para las pymes
El Gobierno rescata como base el proyecto presentado al cierre de 2024 por la diputada Romina Diez, cercano al entorno de Milei, y que toma como eje la denominada “ley de promoción de inversiones y empleo”. En el borrador se propone, entre otros aspectos:
- Incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas que contraten empleados.
- Fragmentación del período de vacaciones, banco de horas y otros esquemas de flexibilidad vía convenios colectivos.
- Derechos y plazos definidos en caso de enfermedad o accidente.
Este enfoque apunta a atacar el elevado nivel de informalidad vigente, estimado en millones de trabajadores que no están registrados.
Los ejes más polémicos: jornada, pago en “ticket” e indemnización
Dentro de las cláusulas más discutidas aparecen:
- La ampliación de la jornada laboral de 8 a hasta 12 horas diarias.
- La posibilidad de que una parte del salario se pague en “ticket canasta o restaurant”, una modalidad ya objetada por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- El pago de indemnizaciones o multas provenientes de litigios en hasta 12 cuotas por parte del empleador.
Estos puntos encendieron alarmas en sectores gremiales y de derechos laborales, que advierten el riesgo de precarización.
Convenios colectivos, ultraactividad y negociaciones salariales
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, adelantó que el Ejecutivo buscará revisar la obligatoriedad de los aportes sindicales y el régimen de ultraactividad —que mantiene vigente un convenio si no se renueva—.
Asimismo, planteó un cambio en el paradigma de las negociaciones salariales: pasar de acuerdos uniformes por rama a paritarias por empresa o por productividad. El nuevo esquema –que desde el Gobierno denominan “salarios dinámicos”– implicaría que los valores fijados en los convenios dejen de actuar como “pisos” y pasen a funcionar como “techos” o referencia máxima, habilitando a las empresas a pactar condiciones diferentes. (Este planteo fue detallado por el propio Cordero ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.)
Los sindicatos y la resistencia al cambio
La Confederación General del Trabajo (CGT) ya expresó un rechazo contundente. En voz de Gerardo Martínez, titular de Uocra, se señaló que “la pretendida reforma laboral … no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta”. Además denunció que “la CGT expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”.
El clima de tensión se intensifica, mientras el Gobierno busca construir consensos en el Consejo de Mayo —con representantes de gremios y empresarios— para que el proyecto avance con respaldo político.
Una ventana de oportunidad legislativa
Con un triunfo rotundo en las urnas, el Gobierno cosecha mayor poder en el Congreso y aspira a presentar el proyecto en diciembre para tratamiento en sesiones extraordinarias. La idea es que sea analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados —donde ya expuso Cordero— y luego en la Comisión de Legislación del Trabajo.
El proyecto del 2024 ya padeció una demora: la ley ómnibus conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley Bases) sufrió recortes de 42 artículos del capítulo laboral antes de su sanción.
Desde el Ejecutivo se plantea que la reforma laboral es un paso indispensable para reducir el enorme sector informal, estimado en varios millones de trabajadores. La idea es que, al bajar cargas, flexibilizar convenios y facilitar la contratación, se logre una migración hacia el empleo registrado. Consecuentemente, eso permitiría ampliar la recaudación fiscal y fortalecer los sistemas previsionales, según argumentan en la Casa Rosada.
¿Qué se viene en concreto?
En los próximos meses, el Gobierno debe:
- Redactar el texto final del proyecto oficial, tomando como base el de Romina Diez y los aportes del Consejo de Mayo.
- Negociar con bloques aliados y opositores en el Congreso para asegurar quorum y aprobación.
- Coordinar con sindicatos y empresarios los nuevos mecanismos de negociación salarial y convenios por empresa.
- Definir fechas y plazos para la implementación de la jornada ampliada, los sistemas de indemnización en cuotas y la modalidad de “salarios dinámicos”.
- Monitorizar la reacción social y gremial ante una reforma que muchos consideran de alto riesgo para los derechos laborales.