Crisis en el transporte: sueldos en cuotas y posible paro

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) encendió la alarma y avisó al Gobierno que será “responsable” si finalmente se concreta un paro de colectivos que afectaría a millones de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La advertencia llegó luego de que las empresas del sector confirmaran que pagarán los salarios de noviembre en dos cuotas y que el aguinaldo se abonará en seis partes, un esquema que detonó el malestar sindical en pleno proceso de paritarias.

La carta que desató el alerta gremial

En una misiva enviada al Ejecutivo, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, señaló que los trabajadores no aceptarán demoras ni fraccionamientos en los pagos. Remarcó que los choferes dependen exclusivamente de sus salarios para sostener a sus familias y acusó a las cámaras empresarias de trasladarles una crisis que no generaron. El gremio sostiene que la amenaza de un esquema de pagos escalonado tensiona de forma extrema el clima interno y deja a los conductores en una situación económica delicada.

El reclamo empresario y una crisis que se profundiza

Las cámaras empresarias del transporte automotor enviaron otra carta al secretario de Transporte, Luis Pierrini, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, donde describieron “una gravísima coyuntura económica, financiera y operativa”. Afirmaron que el desequilibrio del sistema llegó a un punto crítico y que el flujo de fondos disponible no permite afrontar los sueldos y aguinaldos completos en tiempo y forma. Denunciaron que el incremento de costos y la falta de actualización de fondos compensadores llevaron a muchas firmas al borde de la paralización.

Un plan de pagos que generó más tensión

En ese documento, las empresas anunciaron un plan excepcional: pagar los salarios de noviembre en dos partes, completando el total dentro de un plazo máximo de dos meses, y fraccionar el segundo aguinaldo del año en seis cuotas consecutivas. Aseguraron que no se trata de una decisión arbitraria, sino de una medida forzada para evitar la interrupción del servicio y preservar los puestos de trabajo. Sin embargo, para el gremio, el anuncio es inaceptable y constituye una provocación en medio de las negociaciones salariales.

Tarifas más altas, ingresos que no alcanzan

El conflicto se conoció días después de un aumento del 9,71% en las tarifas de las líneas bajo jurisdicción nacional. Según las empresas, esa suba no mejora su situación financiera porque no incrementa sus ingresos reales. Argumentan que el ajuste tarifario es un mecanismo mediante el cual el Estado reduce subsidios, pero no aporta recursos adicionales para sostener los costos crecientes del servicio, lo que agrava aún más las cuentas del sector.

La brecha entre costos y financiamiento

Para la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la brecha entre los costos reales del sistema y el financiamiento reconocido es histórica y se amplió este año. El costo real de un boleto sin subsidio asciende a $1.713, pero la tarifa técnica —que surge de la tarifa pagada por el usuario más la compensación estatal— ronda los $1.092 por viaje. Esta diferencia se traduce en una presión constante sobre las empresas, que buscan cubrir gastos en un contexto de inflación persistente y aumento del precio del combustible, repuestos y mantenimiento.

Aumentos desparejos y competencia desigual

La entidad explicó que en 2025 se quebró la coordinación tarifaria en el AMBA. Mientras la Provincia y la Ciudad aplicaron aumentos todos los meses —inflación más dos puntos—, la Nación ajustó solo cuatro veces: en mayo, junio, julio y noviembre. Esto generó una diferencia de casi 15% entre los boletos de líneas nacionales y los de servicios provinciales o porteños que compiten en recorridos similares. Según las empresas, esta situación dejó a las líneas nacionales en una posición claramente desventajosa.

La Tarifa Técnica cayó 28% en la última década, pero en paralelo los aumentos para los pasajeros se aceleraron. El boleto subió más del 600% en 2024 y, este año, volvió a incrementarse por encima de la inflación en CABA y PBA. A pesar de ese esfuerzo de los usuarios, el servicio no mejoró. Las empresas advierten que el atraso tarifario y la falta de subsidios adecuados deterioraron el parque móvil: la antigüedad promedio de la flota llegó a 7,7 años, y casi un tercio de los colectivos supera la década de uso.

La única jurisdicción que muestra una dinámica distinta es la Ciudad de Buenos Aires, que desde julio implementó un esquema propio para recomponer los ingresos de las líneas que operan dentro de su territorio. Ese sistema apunta a incentivar la renovación de unidades y la incorporación de tecnologías limpias. Como resultado, CABA reconoce hoy un 29% más por pasajero transportado que la Provincia y la Nación, lo que probablemente generará diferencias visibles en el servicio a corto plazo.

Quiénes son los usuarios afectados

Las 104 líneas alcanzadas por el reciente aumento tarifario cubren recorridos que conectan la Ciudad con distintos puntos del conurbano. Entre ellas se encuentran la 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145. En algunos recorridos, los niveles de demanda ya mostraban signos de saturación, lo que podría empeorar si la crisis se agrava y las frecuencias se reducen.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Transporte destacaron que el Estado subsidia de manera directa a los pasajeros mediante la Tarifa Social Federal, que rige en todas las localidades que utilizan la tarjeta SUBE. También mencionaron la RED SUBE, que permite descuentos acumulativos en los trasbordos dentro de las líneas nacionales y porteñas. Este beneficio no se mantiene en la Provincia de Buenos Aires, lo que generó diferencias entre los usuarios según la jurisdicción donde viajan.