Escala el rechazo ruralista al avance de la ley de suelos

El conflictivo avance de la ley de suelos en la provincia de Buenos Aires detonó una nueva ola de malestar entre productores agropecuarios y sociedades rurales del Sudeste bonaerense, que en los últimos días endurecieron su postura frente a un proyecto que definen como el mayor intento de intervención estatal sobre la actividad en años.

La iniciativa, impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba), avanza en el Senado provincial mientras las entidades denuncian que la norma abre la puerta a controles, sanciones y límites productivos que afectarían a toda la superficie agrícola.

El encuentro que se realizó en la Sociedad Rural de Mar Chiquita, con participación de organizaciones adheridas a Carbap, profundizó el rechazo gremial. Allí se remarcó que, aunque el proyecto fue presentado bajo el argumento del cuidado del suelo y el agua, introduce mecanismos que los dirigentes consideran intrusivos: planes productivos obligatorios, supervisión profesional, consorcios, auditorías, distritos de manejo y un sistema sancionatorio.

Una ley que enciende alarmas en el corazón productivo

El proyecto declara de interés público el cuidado integral de los suelos bonaerenses y exige planes de uso elaborados por profesionales matriculados con vigencia mínima de cuatro años. También prevé multas calculadas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, un fondo fiduciario, registros y catastros bajo control estatal y del propio Ciafba.

Para las 16 sociedades rurales que participaron del encuentro, este esquema implica desplazamiento de la autonomía del productor e imposición de costos adicionales.

El rechazo se amplifica por el contexto: caminos rurales intransitables, subas de tasas municipales, inseguridad en zonas productivas y reclamos sin respuesta. En General Guido, una suba del 380% en las tasas derivó en protestas vecinales. En General Villegas, productores se reunieron para exigir soluciones ante caminos destruidos. Y en Ayacucho, organizaciones locales impulsaron encuentros abiertos para denunciar falta de gestión.

Durante la reunión en Coronel Vidal, el punto más citado fue que el 70% de la producción bonaerense se realiza en campos arrendados. Productores advirtieron que la obligación de presentar planes de cuatro años puede volver inviables los contratos temporarios, alterar rotaciones y limitar decisiones de inversión en un sistema que necesita flexibilidad para adaptarse a los ciclos climáticos y la movilidad de la tierra.

Más presiones y un conflicto que trasciende a Buenos Aires

El rechazo también sumó una voz externa: la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que este martes emitió un pronunciamiento en solidaridad con Carbap.

La entidad presidida por Maximiliano Razzeto, acusó a la Provincia de avanzar con impuestos “con cualquier tipo de excusas que no tienen ningún tipo de sustento científico”. “Decimos NO a este tipo de decisiones que solo logran desincentivar al que produce y genera empleo”, advirtieron en su comunicado.

Para las entidades del Sudeste bonaerense, el trasfondo es recaudatorio más que conservacionista. La creación del fondo fiduciario, alimentado con un porcentaje fijo del presupuesto provincial y multas, alimentó la desconfianza.

El malestar ya excede lo técnico y lo legislativo. Las rurales advierten que, de aprobarse la norma, otras provincias podrían replicar el modelo. Por eso, el conflicto empieza a adquirir dimensiones nacionales y a posicionarse como una disputa de poder dentro del mapa agropecuario.