Política Por: Juan Manuel Villarreal29 de diciembre de 2025

El PRO ratificó su denuncia por las designaciones en la AGN

El PRO rechazó las designaciones en la AGN, habló de ilegalidad y ratificó su denuncia judicial tras una votación que calificó de irregular.
El PRO volvió a cuestionar la designación de auditores en la AGN

El bloque de diputados del PRO negó haber facilitado la votación que permitió la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y volvió a denunciar irregularidades en el procedimiento legislativo. Según sostuvo el espacio que conduce Cristian Ritondo, el acuerdo para aprobar los nombramientos ya estaba cerrado antes de la sesión y no dependía de su presencia en el recinto.

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Desde el macrismo aseguraron que la votación fue posible por un entendimiento previo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria e Innovación Federal, bloques que reunían los votos necesarios para avanzar sin el acompañamiento del PRO.

“Nunca vamos a convalidar la ilegalidad”

A través de un comunicado, el bloque explicó que su retiro de la sesión no respondió a una maniobra parlamentaria sino a una objeción de fondo sobre la legalidad del trámite.

“Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin facilitar la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional”, señalaron.

En ese sentido, cuestionaron que la designación de los auditores se haya tratado de madrugada, sin transparencia y sobre un tema que, según indicaron, no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que —afirman— viola el artículo 63 de la Constitución Nacional.

El argumento político y los números de la votación

Desde el PRO remarcaron que el resultado de la votación demuestra que el desenlace estaba definido de antemano y que su retiro no modificó el curso de los acontecimientos.

Un acuerdo previo entre bloques

“El acuerdo ya estaba cerrado. La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las tres cuartas partes de los votos necesarios”, afirmaron.

La votación, que terminó con 189 votos afirmativos, superó con amplitud el número requerido, lo que —según el PRO— confirma que el resultado no dependía “matemáticamente” de su presencia ni de su voto.

El bloque también sostuvo que permanecer en las bancas, incluso para votar en contra, habría implicado legitimar un acto que consideran viciado de nulidad absoluta.

“El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, enfatizaron.

La vía judicial como respuesta

En paralelo a la controversia parlamentaria, el PRO ratificó que ya presentó una acción judicial para impugnar la designación de los auditores. El recurso fue impulsado por Ritondo y apunta a frenar los nombramientos de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón.

Según el planteo, el procedimiento vulneró normas constitucionales, afectó el debido proceso legislativo y carece de competencia funcional, lo que —afirman— vuelve insanablemente nulos los actos posteriores.

En presentaciones ante la propia AGN, el bloque sostuvo que las designaciones violan principios básicos del derecho público argentino y deben ser revisadas por la Justicia.

Un conflicto que tensiona el vínculo político

La polémica se profundizó en una sesión atravesada por el debate del Presupuesto 2026, donde el oficialismo avanzó con la definición de los nuevos auditores. En el PRO consideran que esa jugada implicó el incumplimiento de un acuerdo político previo y dejó al macrismo fuera de la negociación.

Desde el Gobierno, en cambio, defienden la regularidad del procedimiento y relativizan la capacidad del PRO para disputar un lugar en el organismo de control. También descuentan que, pese al conflicto, el partido de Mauricio Macri mantendrá su acompañamiento legislativo en otros temas clave.

El Presupuesto 2026 enciende alarmas por el desfinanciamiento estatal

En el PRO, sin embargo, cerraron filas y reiteraron que la discusión se saldará por la vía judicial, insistiendo en que no avalarán prácticas que consideran contrarias a la Constitución.

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