Emergencia sanitaria: el Gobierno la extiende y redefine áreas clave

El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia sanitaria y el congelamiento del aumento de las contribuciones patronales que deben abonar las escuelas privadas, luego de que vencieran los plazos vigentes de ambas medidas. La decisión establece que las prórrogas se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las extensiones fueron oficializadas mediante su publicación en el Boletín Oficial, a través de los decretos 942/2025, que comprende la emergencia sanitaria, y 939/2025, referido al pago de las contribuciones patronales de las instituciones educativas privadas.

Emergencia sanitaria y cambios en el Ministerio de Salud

En el marco de la emergencia sanitaria nacional, el Ministerio de Salud de la Nación introdujo una serie de modificaciones en sus funciones. Una de las más relevantes apunta a la colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de crear un sistema de análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica vinculada a productos sujetos a fiscalización.

Según lo dispuesto, además de reforzar las acciones de prevención y control del uso de sustancias químicas, el organismo conducido por Mario Lugones participará en estrategias intersectoriales destinadas a combatir el narcotráfico. Estas acciones se llevarán adelante mediante el intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

En ese sentido, el decreto sustituyó el inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios, asignándole al Ministerio de Salud la responsabilidad exclusiva sobre el “diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral”. A su vez, se le otorgó la conducción de los procesos de otorgamiento y control de pensiones por invalidez y de otras prestaciones asociadas.

Nueva Secretaría Nacional de Discapacidad

De la misma manera, se confirmó formalmente la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en línea con el anuncio previo del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tal como se había anticipado, todos los compromisos, recursos y funciones que se encontraban bajo la órbita del organismo disuelto pasarán a ser administrados por el Ministerio de Salud.

Con esta decisión, el Ejecutivo avanzó en una reconfiguración institucional que centraliza en la cartera sanitaria las políticas públicas vinculadas a la discapacidad, así como la gestión integral de los programas y prestaciones correspondientes.

Educación: escuelas privadas

En relación con la extensión de la medida que frena los aumentos de las contribuciones patronales que deben abonar las escuelas privadas, el Gobierno explicó que la decisión apunta a evitar un incremento en los fondos que las provincias asignan a estas instituciones.

“El incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las Provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye al pago de los sueldos de los docentes curriculares, sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”, profundizaron al señalar que un gran porcentaje de estas instituciones cuenta con subsidio estatal.

No obstante, la medida también alcanza a los establecimientos educativos privados que no perciben aportes del Estado. En ese caso, el Ejecutivo advirtió que la aplicación del aumento se trasladaría a las cuotas que abonan las familias, por lo que la prórroga busca evitar “afectar la economía” de los grupos familiares que eligen este tipo de colegios.

Marco legal y fundamentos de la prórroga

En el mismo sentido, las autoridades recordaron que el artículo 24 de la Ley N° 27.541, conocida como Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, había previsto la posibilidad de prorrogar estos alivios en caso de que la situación económica del sector así lo demandara. Esa extensión, indicaron, debía contar con informes técnicos favorables del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía.

De esta forma, los empleadores titulares de establecimientos incorporados a la enseñanza oficial, alcanzados por las Leyes N° 13.047 y N° 24.049, mantuvieron las alícuotas vigentes hasta la fecha establecida en la nueva prórroga.

Asimismo, la normativa destacó que la aplicación plena de las disposiciones del Capítulo 3 habría generado incrementos aún mayores en las provincias más alejadas de los grandes centros urbanos, lo que podría haber profundizado desigualdades y afectado la prestación educativa en zonas socialmente más vulnerables.

“El principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”, sostuvieron como parte de los argumentos oficiales. Por este motivo, la decisión mantiene durante 2026 el esquema de contribuciones vigente en 2019, tal como lo establecía la Ley N° 27.541 y las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.430 para este conjunto de empleadores.