Más represión y menos garantías: el saldo del segundo año de Milei frente a la protesta social
El segundo año de gobierno de Javier Milei consolidó un giro represivo más intenso y sistemático frente a la protesta social. Así lo advierte un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que documentó un fuerte aumento de manifestaciones reprimidas, personas heridas y detenciones arbitrarias durante 2025, en el marco de los operativos desplegados por las fuerzas de seguridad bajo el mando del Ministerio de Seguridad.
Según el relevamiento oficial del organismo, en los últimos dos años se monitorearon 139 manifestaciones públicas, de las cuales 51 terminaron en hechos represivos. El salto es contundente: mientras que en 2024 se reprimieron 17 protestas, en 2025 ese número ascendió a 34, lo que representa una duplicación de la violencia estatal contra la protesta.
La CPM, presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, sostiene que este patrón no es aislado ni accidental, sino parte de una política sostenida desde la implementación de la resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, firmada por Patricia Bullrich al inicio de la gestión de La Libertad Avanza.
Más heridos, más detenidos y mayor violencia
El incremento de la represión tuvo un correlato directo en la cantidad de víctimas. Entre 2024 y 2025, el organismo registró 2.585 personas heridas durante protestas sociales. En el primer año fueron 1.216, mientras que en el segundo la cifra trepó a 1.369, lo que implica un aumento del 13%.
El mes más crítico fue marzo de 2025. Solo el día 12, durante una movilización frente al Congreso en apoyo a los jubilados, se contabilizaron 672 personas heridas. Esa jornada quedó marcada por hechos de extrema gravedad, como el disparo de un lanzagases que hirió al fotógrafo Pablo Grillo, los impactos de balas de goma que provocaron la pérdida de visión en un ojo a Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso, y la agresión a la jubilada Beatriz Blanco, que quedó tendida en el suelo tras recibir un golpe.
Las detenciones arbitrarias también crecieron de manera significativa. En 2024 se registraron 93 arrestos, mientras que en 2025 fueron 165, lo que representa un incremento del 77%. La CPM advirtió que muchas de estas aprehensiones se produjeron durante la desconcentración de las marchas y alcanzaron a manifestantes, transeúntes, trabajadores de prensa, personas en situación de calle y jubilados.
Jubilados y periodistas, los principales blancos
El informe subraya que la represión fue sistemática pero selectiva. Las fuerzas de seguridad actuaron con mayor violencia en las movilizaciones de menor magnitud, en particular en las protestas encabezadas por organizaciones de jubilados, que se concentran semanalmente frente al Congreso.
Durante 2025, 155 adultos mayores resultaron heridos, cuadruplicando los registros del año anterior. También se duplicaron las agresiones contra trabajadores de prensa: 184 periodistas y reporteros gráficos fueron alcanzados por la violencia estatal mientras realizaban coberturas.
Entre los casos más graves, la CPM documentó al menos cuatro personas que perdieron la visión de un ojo como consecuencia de disparos de postas de goma efectuados a corta distancia y dirigidos al rostro, una práctica expresamente prohibida por los protocolos de uso de la fuerza.
El despliegue incluyó la participación combinada de múltiples fuerzas. La Policía Federal Argentina intervino en 106 operativos, la Policía de la Ciudad en 101, la Prefectura Naval en 61, la Gendarmería en 58 y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 27. En numerosos casos, se registró la portación de armas letales y tareas de inteligencia ilegal, como agentes de civil infiltrados en las movilizaciones.
Avance autoritario y falta de control judicial
Para la CPM, el Poder Ejecutivo incumplió su obligación de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta, mientras que el Poder Judicial no avanzó con investigaciones rápidas ni exhaustivas. De las 37 denuncias penales presentadas por el organismo, muy pocas registraron avances significativos.
“El despliegue represivo, que se agravó durante el último año, confirma un avance paulatino de procesos autoritarios que limitan la democracia y el ejercicio de los derechos constitucionales”, concluye el informe. En ese sentido, advierte que la restricción de la protesta social no puede desligarse del objetivo del gobierno de avanzar con políticas que profundizan la desigualdad y el deterioro del acceso a derechos básicos para amplios sectores de la población.