Otro golpe judicial a Milei por la política alimentaria
La Justicia federal resolvió habilitar la feria judicial para tratar un reclamo que exige al Ministerio de Capital Humano garantizar la entrega de alimentos a comedores comunitarios. La medida fue adoptada tras una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que alertaron sobre el impacto directo de la demora judicial en familias en situación de extrema vulnerabilidad.
La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Walter Lara Correa, con el objetivo de evitar que el receso judicial frene el cumplimiento de una medida cautelar ya vigente.
El reclamo judicial y la urgencia social
Las organizaciones sociales acudieron a la Justicia ante la paralización de los plazos procesales durante la feria, lo que impedía avanzar con las intimaciones ya ordenadas para relevar e incorporar a 30 comedores comunitarios a la política alimentaria estatal.
Según advirtieron, la postergación agravaba una situación crítica: cientos de familias dependen diariamente de esos espacios para acceder a alimentos básicos, en su mayoría niños y niñas de barrios populares.
Antes de que se confirmara la habilitación, el CELS había reclamado públicamente que la actividad judicial no se interrumpiera. “El hambre no espera. Aplazar la resolución agrava la situación de las familias que van a los comedores”, señalaron, al recordar que ya son 72 los comedores que volvieron a recibir alimentos gracias a cautelares anteriores.
El rol del Ministerio Público Fiscal
El pedido fue analizado por el Ministerio Público Fiscal, que dictaminó a favor de la habilitación de la feria judicial. En su intervención, el fiscal remarcó que en la ejecución de la medida cautelar se encuentra comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada, de cumplimiento inmediato.
También subrayó que el colectivo afectado atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y que cualquier demora judicial podía tornar ineficaces las medidas ya ordenadas.
La resolución del juez Lara Correa
Con esos fundamentos, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso.
Además, ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a las organizaciones demandantes para que fijen su postura antes de definir los próximos pasos procesales.
Un conflicto que arrastra fallos adversos para el Gobierno
El reclamo se inscribe en una larga disputa judicial por la política alimentaria. En noviembre de 2024, el Estado nacional fue condenado en primera instancia por no garantizar el derecho a la alimentación, fallo que fue confirmado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en abril de 2025.
Aunque la discusión de fondo llegó a la Corte Suprema, continúa vigente una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello— a garantizar la asistencia alimentaria interrumpida tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
En ese marco, el juzgado autorizó al Ministerio a relevar y cotejar el funcionamiento de los comedores. “Eso permitió demostrar que la mayoría existen y que algunos dejaron de funcionar precisamente porque dejaron de recibir alimentos”, explicó Leonel Bazán, abogado del CELS.
Qué puede pasar ahora
Las organizaciones presentaron en noviembre pasado una lista de 30 nuevos comedores para ser incluidos en el programa Alimentar Comunidad. El juzgado había otorgado un plazo de diez días para el relevamiento, pero el inicio de la feria judicial amenazaba con frenar el proceso.
Con la habilitación ya resuelta, el expediente seguirá activo y el Gobierno deberá avanzar con las medidas ordenadas para garantizar el derecho a la alimentación en comedores ubicados en distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Catamarca.
Tanto el juez como la Cámara advirtieron al Estado nacional que no puede adoptar medidas regresivas que vulneren un derecho humano básico protegido por la Constitución y los tratados internacionales.