La CGT se planta y rechaza la mesa técnica del Gobierno
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo foco de conflicto. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que no participará de la mesa técnica que La Libertad Avanza activará desde este viernes en el Senado para avanzar en cambios al dictamen, en medio de un escenario marcado por el rechazo gremial y las dudas de los gobernadores.
La convocatoria fue impulsada por la ministra de Seguridad y jefa política del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con el objetivo de pulir el proyecto y convertirlo en ley en febrero, cuando el Presidente prorrogue las sesiones extraordinarias del Congreso.
Rechazo gremial y críticas al contenido del proyecto
Desde la central obrera fueron categóricos. “El proyecto ya está redactado, así que nosotros no vamos a ir”, confirmó una fuente calificada de la CGT. El malestar sindical se profundizó porque, según remarcan, el oficialismo nunca convocó formalmente a la CGT a debatir el contenido de la reforma, pese a la participación de Gerardo Martínez (UOCRA) en el Consejo de Mayo, donde se presentó la iniciativa de modernización laboral.
Los gremios cuestionan varios puntos sensibles del texto, entre ellos la limitación del derecho a huelga, la reducción de los aportes a las obras sociales sindicales del 6% al 5%, la creación de un fondo de desempleo financiado por los empleadores mediante una baja de aportes a la seguridad social destinados a la Anses y el establecimiento de topes para el cálculo de indemnizaciones.
La CGT mueve fichas y busca respaldo político
Ante este escenario, la CGT inició en enero una ronda de consultas y desde esta semana comenzará reuniones con gobernadores del peronismo y de Provincias Unidas. Si bien las provincias también expresan reparos al proyecto, el eje de sus reclamos no está puesto en los derechos laborales, sino en el impacto fiscal de la reforma.
El capítulo impositivo, el mayor punto de conflicto
La principal preocupación de los gobernadores se concentra en los cambios vinculados al Impuesto a las Ganancias y la reducción de la carga tributaria, que afectarían la recaudación coparticipable. Según estimaciones provinciales, solo la caída en Ganancias implicaría un impacto negativo neto de 1,6 billones de pesos, en un contexto donde la coparticipación ya se habría desplomado cerca de 20 puntos.
La estrategia del Gobierno para destrabar apoyos
Para intentar descomprimir la resistencia, especialmente la de las provincias, Bullrich pondrá en marcha entre el 16 y el 26 de enero una mesa técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes. El espacio no tendrá carácter formal, ya que el Congreso se encuentra en receso hasta que Milei firme el decreto de prórroga de extraordinarias.
Desde el oficialismo admiten que el dictamen podría sufrir modificaciones. Con apenas 20 senadores propios, La Libertad Avanza necesita el respaldo de gobernadores aliados para alcanzar los 37 votos necesarios y blindar la aprobación del proyecto en el recinto.
Impacto fiscal y el rol del Ministerio de Economía
Los eventuales cambios ya contarían con el aval del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Entre los gobernadores circula un documento oficial donde se analiza el impacto fiscal de la reforma laboral. Allí se aclara que, en el caso del Impuesto a las Ganancias, el efecto se vería recién a partir de 2027, ya que la medida alcanzaría a los ejercicios fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2026.
Negociaciones políticas y búsqueda de votos
En paralelo, Diego Santilli participará este viernes de la primera reunión de la mesa política del año en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei y Santiago Caputo, con la presencia de Manuel Adorni y Martín Menem. Además, el ministro del Interior activó una gira por Chubut, Córdoba y Chaco para sumar apoyos, y continuará esta semana con visitas a Mendoza y una reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.
El artículo que enciende alarmas en las provincias
Uno de los puntos más sensibles es el artículo 191, que modifica la escala del impuesto a las ganancias de las sociedades. La baja de la alícuota implicaría una menor recaudación y, por ende, una reducción de la coparticipación. Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta recaudar $48,4 billones por Ganancias, equivalentes al 4,48% del PBI, de los cuales el 71% corresponde a sociedades, es decir, unos $34,3 billones.