Presuntos abusos en el Senado: avances judiciales y relatos de las víctimas

La causa judicial que investiga presuntos abusos sexuales cometidos en el Senado bonaerense avanza en paralelo a la ampliación de las denuncias realizadas por las víctimas, que en declaraciones recientes aportaron nuevos detalles sobre los hechos y el contexto en el que, según denunciaron, ocurrieron. Con los imputados detenidos y procesados, el expediente combina definiciones procesales clave con testimonios que profundizan el impacto institucional del caso.

La investigación tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, y tiene como imputados a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Poder Legislativo provincial. Los dos permanecen detenidos desde el 29 de diciembre de 2025, en el marco del procesamiento dictado en la causa.

Los hechos denunciados y el contexto institucional

Según surge de la investigación, parte de los abusos denunciados se habría producido dentro del propio Senado bonaerense, específicamente en la oficina 007, una dependencia bajo la órbita directa de la Presidencia del cuerpo. Ese dato fue uno de los elementos que desde el inicio le otorgó al expediente una fuerte dimensión institucional, al investigarse presuntos delitos cometidos dentro de instalaciones oficiales.

Las víctimas —tres mujeres cuyas identidades se mantienen en reserva— relataron haber llegado a la militancia política desde convicciones genuinas. Dos de ellas tenían menos de 30 años al momento de declarar y una apenas los supera. Provenientes de sectores populares y de clase media, señalaron que su acercamiento a la política estuvo atravesado por expectativas de participación y transformación social.

En sus testimonios, describieron un vínculo que, según denunciaron, derivó en relaciones de poder asimétricas, atravesadas por dependencia laboral, manipulación y miedo. Una de ellas expresó: “Llegamos a la agrupación desde un lugar muy genuino”.

Otra sostuvo que con el tiempo esa cercanía se transformó en presión y silencio, y que cuando intentó hablar “ya estaba atrapada”. La tercera relató que los hechos marcaron un quiebre en su vida personal y académica, y que durante años vivió con temor.

Las denunciantes son asistidas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes sostienen la hipótesis de un mecanismo reiterado de captación a través de la militancia, vínculos de dependencia y exigencias económicas ligadas a tareas políticas.

Quiénes son los imputados

Rodríguez y Silva Muñoz fueron referentes del espacio político La Capitana, de extracción kirchnerista, que con el tiempo se integró al Movimiento Derecho al Futuro. Ambos tenían roles de conducción política y formación militante. Rodríguez, además, fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito desde el cual, según surge de la investigación, habría captado al menos a una de las víctimas.

En la causa se investiga su presunto rol como líder de la denominada ‘La Orden de la Luz’, según surge de las pesquisas judiciales, utilizaba correos electrónicos con lenguaje encriptado para comunicarse.

El estado actual de la causa

En las últimas horas se prorrogó el plazo para que la fiscal Betina Lacki solicite la prisión preventiva de los imputados. El nuevo límite es el 29 de enero, fecha hasta la cual la fiscalía podrá formalizar el pedido ante el Juzgado de Garantías interviniente. Hasta tanto se resuelva esa instancia, ambos continúan detenidos.

La defensa solicitó la realización de audiencias en los términos del artículo 168 bis del Código Procesal Penal bonaerense, que se fijarán una vez presentado el pedido de prisión preventiva. También pidió el control integral de la prueba y ofreció testigos de descargo.

El expediente ya incorpora testimonios de las víctimas, pericias, comunicaciones electrónicas y material secuestrado durante allanamientos. En ese marco, está prevista la declaración del abogado Claudio Yacoy, considerado un testigo relevante para esclarecer una línea paralela del expediente vinculada al acompañamiento legal inicial de las denunciantes y a presuntas irregularidades denunciadas en esa etapa.