La mitad de las rutas nacionales en Buenos Aires, en estado crítico

El deterioro de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires ya dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un problema concreto que impacta en la producción, la seguridad vial y el bolsillo de los bonaerenses. Un nuevo informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que la mitad de las rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense se encuentra en mal estado, en un contexto marcado por la política de “obra pública cero” impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei.

El relevamiento, difundido en la segunda semana de enero de 2026, vincula de manera directa el deterioro vial con el fuerte recorte en la inversión nacional en infraestructura. Según el estudio, el gasto de capital de la Nación cayó un 80% real en 2025 respecto de 2023, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad redujo su inversión en la provincia en un 82%. Las proyecciones para 2026 anticipan un escenario aún más restrictivo.

El ajuste que se siente en el asfalto

El informe del IAG advierte que el empeoramiento del estado de las rutas no responde a una coyuntura aislada, sino a una estrategia de ajuste sostenida. Mientras que durante la gestión anterior el 23% de la red vial nacional estaba en mal estado, ese número trepó al 29%, con una suba de seis puntos porcentuales. En paralelo, los kilómetros en buen estado se redujeron del 54,9% al 47,5%.

“El equilibrio fiscal alcanzado por la administración nacional se construyó en parte reduciendo a mínimos históricos la inversión en infraestructura”, detalla el documento. De hecho, el 25% del ajuste fiscal se explica por el colapso del gasto de capital, y en 2025 la inversión devengada por Vialidad Nacional cayó un 72% a nivel país.

Ante el repliegue del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires proyectó para 2026 una inversión de 3,2 billones de pesos, una cifra similar a la que la Nación destinará al conjunto del país. Desde el IAG remarcaron que se trata de “una inversión provincial sin precedentes que intenta compensar la ausencia del Estado nacional”.

Ramallo, el caso testigo del abandono

La situación se vuelve tangible en distritos como Ramallo, donde la Ruta Nacional 9 se transformó en un símbolo del deterioro. Tras una medida cautelar impulsada por el intendente Mauro Poletti, la Justicia ordenó a Corredores Viales realizar obras de reparación. Los trabajos se ejecutaron, pero apenas tres meses después el tramo volvió a romperse, según denuncian vecinos y transportistas.

“Hoy el peaje cuesta 1.300 pesos, aumentó más del 400%, pero el gobierno nacional no es capaz de tapar un bache”, cuestionó Poletti en una entrevista radial. Y contrastó: “Durante la gestión anterior se mantenía la calzada, las colectoras y hasta la iluminación con un peaje de 200 pesos”.

Situaciones similares se repiten en distintos puntos de la provincia. En Roque Pérez se denunciaron parches provisorios que no resolvieron el problema; en América, un vecino se acostó dentro de un pozo de la Ruta 33 para visibilizar el reclamo; y en Chivilcoy, una automovilista dejó de pagar el peaje en la Ruta 5 bajo la consigna: “Estamos pagando un peaje hacia la muerte”.

Cobran peajes, pero no ejecutan fondos

Uno de los puntos más críticos del informe del IAG es el análisis sobre la recaudación nacional y su ejecución. Solo en 2024, el Estado nacional recaudó más de 2,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, que por ley destina el 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Sin embargo, de los 349 mil millones que correspondían a Vialidad Nacional, solo se ejecutaron 149 mil millones.

La misma lógica se repite con el Impuesto PAIS: del 28,2% que debía destinarse a obra pública, solo se ejecutó el 2%. En paralelo, el gobierno nacional avanza con la intervención y el plan de privatización de Corredores Viales S.A., mientras se multiplican los reclamos judiciales, los banderazos vecinales y los accidentes.

Según el informe, no mantener una ruta hoy implica reconstruirla mañana a un costo entre cinco y diez veces mayor. “Lo barato sale carísimo”, advierten desde el IAG. En una provincia clave para el entramado productivo y logístico del país, el deterioro vial ya no es solo una cuestión de infraestructura: es un nuevo frente de conflicto político y social.