Ajuste y privatización: Milei avanza sobre rutas nacionales en Buenos Aires

Con obras paralizadas, rutas deterioradas y un fuerte ajuste en la inversión pública, el Gobierno nacional avanzó en las últimas semanas con un nuevo esquema de privatización vial que impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires. A través de la Red Federal de Concesiones (RFC), la administración de Javier Milei ya firmó contratos correspondientes a la Etapa I y ahora acelera el llamado a licitación de la Etapa II, que incluye trazas estratégicas como las rutas nacionales 3 y 5.

Según la información oficial, días atrás se rubricaron los contratos para concesionar 741 kilómetros de rutas nacionales. En paralelo, el Ejecutivo habilitó el proceso licitatorio para una segunda etapa que abarca 1.871,8 kilómetros, de los cuales más de 1.300 atraviesan territorio bonaerense. El modelo se apoya en el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520, sin aportes estatales directos.

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Rutas clave bajo el esquema de concesión

La Etapa II de la RFC comprende los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el paquete incluye la autopista Ezeiza–Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y extensos recorridos de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Solo la RN 3 suma más de 615 kilómetros concesionados, desde el final de la autopista Ezeiza–Cañuelas hasta el empalme con la RN 1V03, en cercanías de Bahía Blanca.

A esto se suma el denominado Tramo Pampa, que abarca la Ruta Nacional 5, una vía central para el interior bonaerense. El corredor conecta Luján con Santa Rosa, en La Pampa, y contempla más de 546 kilómetros bajo administración privada, incluyendo un tramo inicial de ocho kilómetros dentro del partido de Luján.

Intendentes reclaman por el estado de Ruta 3.

De acuerdo con el pliego oficial, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento” de las rutas, además de la prestación de servicios al usuario. A cambio, podrán cobrar peajes y desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Reclamos y frentes judiciales abiertos

El avance del esquema privatizador ya generó resistencias en territorio bonaerense. En diciembre, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo para frenar el proceso de licitación de los corredores viales. “Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses deban afrontar un costo desmedido en los peajes”, sostuvo el jefe comunal.

Gray advirtió que la privatización sin un organismo regulador independiente “puede derivar en prestaciones deficientes, prácticas monopólicas abusivas y falta de cumplimiento de las inversiones comprometidas, colocando la rentabilidad empresarial por encima del interés público”. Además, puso el foco en el impacto cotidiano: “Para ir de CABA a Bahía Blanca habrá que pagar ocho peajes, con un costo de $40.000 por tramo. Me parece, sencillamente, un despropósito”.

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El procedimiento se apoya en la Resolución 1843/2025 y en la Ley de Bases N° 27.742. Sin embargo, desde sectores críticos señalan que la norma no habilita expresamente procesos de privatización de este alcance, lo que abre interrogantes legales y políticos.

Un modelo que vuelve y suma tensión

El relanzamiento de las concesiones viales se da tras casi dos años de obras suspendidas y en medio de crecientes quejas por el estado de las rutas nacionales. El esquema impulsado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, retoma el modelo de los años noventa, con peajes como principal fuente de financiamiento y sin subsidios estatales.

Mientras el Gobierno nacional avanza con nuevas licitaciones y prepara la toma de posesión de los corredores, el impacto sobre los usuarios, la logística y las economías regionales empieza a quedar en el centro del debate. En la provincia de Buenos Aires, donde se concentran algunos de los tramos más extensos y transitados, la privatización de las rutas ya dejó de ser un anuncio técnico para convertirse en un nuevo foco de conflicto político.