Milei avanza con la Ley de Glaciares y crece el rechazo
La modificación de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena y encendió alertas ambientales, sociales y políticas en todo el país. Tras obtener dictamen favorable en el Senado, la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional reavivó el temor de que se avance sobre reservas estratégicas de agua dulce en beneficio de actividades extractivas, especialmente mineras.
El proyecto propone cambiar el corazón de la ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El nuevo esquema elimina la protección automática y delega en las provincias la potestad de definir qué áreas conservar y cuáles podrían habilitarse para la explotación económica, un giro que especialistas y referentes políticos consideran riesgoso.
Una campaña que suma apoyos y advierte riesgos
La reacción social no tardó en llegar. Más de 18.000 personas ya firmaron una petición en Change.org bajo la consigna “Los Glaciares No Se Tocan”, impulsada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI. La campaña busca frenar cualquier modificación que implique retrocesos en la protección de estos ecosistemas clave.
Ferraro advirtió que la iniciativa oficial “no es una simple aclaración de la norma”, sino un cambio de fondo que podría generar daños irreversibles sobre los recursos hídricos. “El objetivo de la Ley de Glaciares no es frenar el desarrollo, sino garantizar que cualquier actividad productiva pueda sostenerse en el tiempo sin comprometer los recursos de agua”, sostuvo el legislador. Y agregó una definición central: sin protección hídrica, no hay minería, agricultura ni industria posible.
Desde la campaña remarcan que los glaciares cumplen un rol vital como reservas de agua dulce, esenciales para abastecer ciudades, economías regionales y sistemas productivos en amplias zonas del país. Por eso, el temor no se limita al impacto ambiental, sino que alcanza a la seguridad hídrica de millones de argentinos.
Provincias, minería y un debate que vuelve al Senado
La reforma a la Ley de Glaciares avanza en paralelo a otros proyectos sensibles del oficialismo. En el Senado estiman retomar el tratamiento legislativo a partir del lunes 2 de febrero, a la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias del presidente Javier Milei. En ese contexto, el Gobierno confía en reunir los 37 votos necesarios para aprobar la modificación.
La iniciativa cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias mineras, sin distinción partidaria. El texto habilita a los equipos técnicos provinciales a excluir glaciares o ambientes periglaciales del Inventario Nacional de Glaciares si consideran que no cumplen la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLA, organismo responsable del relevamiento oficial, “deberá eliminarlo” del registro.
Este cambio va en desmedro de la normativa vigente, que hoy prohíbe actividades como la minería, la exploración hidrocarburífera y la construcción de infraestructura que altere la dinámica del hielo o la calidad del agua en zonas protegidas. Esa restricción fue cuestionada por gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).
Desde la oposición peronista, agrupada en el interbloque Popular, anticipan un debate dividido. Senadoras como Anabel Fernández Sagasti y Alicia Kirchner alertaron sobre el riesgo de que el Estado pierda capacidad de control sobre la actividad minera. “Es un retroceso al cuidado del medio ambiente”, señalaron, y advirtieron que la competencia entre provincias podría derivar en mayor flexibilización y judicialización.
El trasfondo económico también presiona. Argentina tiene 96 cuencas hídricas, de las cuales 36 son alimentadas por 16.968 glaciares, según datos del IANIGLA. Al mismo tiempo, avanzan megaproyectos de cobre en San Juan y Catamarca, como “El Pachón”, “Agua Rica” y el complejo “Vicuña”, con inversiones que superan los 13.000 millones de dólares y que ya ingresaron o buscan ingresar al RIGI.