Pagos irregulares por más de $585 millones: el duro informe del Tribunal de Cuentas que expone a la gestión de Ratto en San Antonio de Areco

La rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de San Antonio de Areco fue aprobada en los papeles, pero el contenido del fallo del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense dejó al descubierto un cuadro de irregularidades graves, reiteradas y sin corregir que comprometen de manera directa al intendente Francisco Ratto y a su equipo económico.

La resolución, dictada el pasado 18 de diciembre en el expediente 4-106.0-2024, detectó pagos salariales prohibidos por ley, desorden contable persistente y ausencia total de control patrimonial, en un municipio donde, en paralelo y tal como GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando, se acumulan reclamos vecinales por abandono urbano, suba récord de tasas y una profunda crisis sanitaria.

Más de $585 millones liquidados fuera de la ley

Uno de los puntos más delicados del fallo tiene que ver con el pago sistemático de bonificaciones no remunerativas, una práctica expresamente vedada por la normativa previsional y laboral vigente. Según el Tribunal, durante todo 2024 el Ejecutivo local abonó adicionales salariales bajo conceptos como “disponibilidad”, “estímulo al desempeño”, “dedicación” y “conservación de equipo”, sin realizar los aportes correspondientes.

Solo en este esquema, el organismo de control estimó que más de 585 millones de pesos fueron liquidados de manera irregular en un solo ejercicio. El dato se agrava porque, tal como remarca el fallo, estas prácticas ya habían sido observadas en años anteriores, sin que la gestión de Ratto aportara explicaciones ni adoptara medidas correctivas.

Multas, sanciones y responsabilidades abiertas

A diferencia de resoluciones meramente declarativas, el Tribunal avanzó con sanciones concretas e individualizadas. El intendente Francisco Ratto y la contadora municipal, Gisela Tamara Krieger, fueron multados con 350 mil pesos cada uno, mientras que la secretaria de Hacienda, Macarena Suárez Pizarro, recibió una sanción de 300 mil pesos.

Además, se aplicaron amonestaciones disciplinarias a la tesorera municipal Fernanda Gabriela Santangelo y al asesor letrado Carlos Octavio Stefani Lauga, junto a un llamado de atención al director de Presupuesto y Gestión, Marcelo José Pereyra. El fallo otorgó 90 días para el pago de las multas y dejó expresamente abiertas reservas de responsabilidad para futuras definiciones.

Desorden financiero y bienes sin control

El Tribunal también constató diferencias entre los saldos contables y bancarios, deudas flotantes no presupuestadas y discrepancias entre el sistema RAFAM y los estados financieros oficiales. En varios casos, la falta de respuesta de las autoridades municipales derivó en la confirmación automática de las observaciones.

A esto se suma un punto de extrema gravedad administrativa: la inexistencia de un inventario físico de bienes municipales. No hay constancia de qué patrimonio posee el municipio, en qué estado se encuentra ni quién es responsable de su guarda.

Calles destruidas, tasas récord y un hospital que se llueve

Mientras el órgano de control expone fallas estructurales en el manejo de los fondos públicos, los reclamos políticos y sociales se multiplican en el territorio. La concejal de Fuerza Patria Viviana Sorchilli advirtió que los vecinos enfrentaron aumentos de tasas de hasta el 700% sin mejoras visibles en calles, costanera ni servicios básicos. “Las calles están destruidas, el estado de la costanera es lamentable y no hay contraprestación”, afirmó.

En la misma línea, el dirigente peronista Juan Riera denunció una crisis profunda en el hospital municipal, con filtraciones, falta de insumos y caída del plantel de enfermería. “Se llovía adentro del hospital, incluso en maternidad”, sostuvo, y remarcó que el deterioro responde a años sin mantenimiento ni planificación.

La rendición aprobada por el Tribunal de Cuentas deja así una paradoja difícil de eludir: cuentas formalmente validadas, pero una gestión seriamente cuestionada, con sanciones vigentes, responsabilidades abiertas y un intendente cada vez más expuesto frente a los números y frente a la calle.