El dato de inflación que precipitó la salida de Lavagna del INDEC
La renuncia de Marco Lavagna a la presidencia del INDEC estuvo directamente vinculada al resultado del nuevo índice de inflación, que arrojó una suba del 3,4% para enero, y al pedido del Gobierno para que ese dato no fuera difundido.
De acuerdo a fuentes al tanto de la situación, el economista se negó a convalidar la postergación de un indicador que el organismo ya estaba en condiciones técnicas de publicar, lo que terminó por sellar su salida.
El nuevo índice y el pedido de silencio
Lavagna había anunciado previamente que el INDEC estaba listo para implementar la nueva metodología, que buscaba ponderar de manera más equilibrada el peso de los servicios públicos dentro de la canasta que mide la inflación.
Sin embargo, el resultado del nuevo cálculo —que marcó una inflación superior a la esperada por el Gobierno— generó resistencia en la cúpula del Ejecutivo. Desde el oficialismo le solicitaron que no difundiera el dato, un pedido que Lavagna rechazó.
Caputo confirmó la decisión de Milei
El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó públicamente que la decisión de frenar el nuevo índice fue consensuada con el presidente Javier Milei, y que la salida de Lavagna estuvo ligada a esa diferencia.
“Marco tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de desinflación esté totalmente consolidado”, admitió Caputo en una entrevista radial.
Sin fecha para el cambio de metodología
En su argumentación, el ministro sostuvo que “no hay necesidad de cambiar ahora el índice” y afirmó que el Gobierno continuará utilizando la metodología actual hasta que el proceso de desinflación esté consolidado, sin establecer una fecha concreta para la modificación.
“Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, reconoció.
Una explicación que reavivó la polémica
Las declaraciones de Caputo generaron nuevas tensiones en el debate público, ya que implican que la actualización metodológica quedaría supeditada al contexto político y económico.
Analistas señalaron que el razonamiento oficial equivale a postergar la medición hasta que el resultado sea favorable, una lógica que profundizó las críticas tras la salida de Lavagna y volvió a poner el foco en la credibilidad de los datos oficiales.