Dueños de medios presionan al Senado por el Estatuto del Periodista
En la antesala del debate parlamentario por la reforma laboral, las principales cámaras empresarias de comunicación activaron gestiones directas ante el Senado para avanzar con la derogación del Estatuto del Periodista, la norma que regula la actividad desde hace ocho décadas.
La movida quedó plasmada en una nota enviada a legisladores en la que cuestionan puntos centrales del régimen vigente y plantean la necesidad de equiparar a los trabajadores de prensa con el resto de las actividades alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo.
Qué puntos buscan modificar
El documento empresario pone el foco en tres ejes: la indemnización especial, el período de prueba de un mes y el límite de colaboraciones a partir del cual un trabajador debe ser incorporado como permanente.
La presentación fue firmada por la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).
La gestión política en el Senado
Días atrás, representantes de estas entidades mantuvieron una reunión con la senadora Patricia Bullrich, hoy alineada con La Libertad Avanza y con un rol activo en la estrategia parlamentaria del oficialismo en la Cámara alta.
Según trascendió, el encuentro apuntó a consolidar respaldos para el avance de la reforma, en un contexto donde la suerte del estatuto se volvió uno de los capítulos más sensibles de la discusión.
En paralelo, sindicatos de prensa dialogaron con legisladores radicales que en el pasado habían defendido la continuidad de la norma, aunque en las últimas jornadas crecieron las dudas sobre la solidez de esa postura.
El argumento empresario
Las cámaras sostienen que el régimen actual dificulta la generación de empleo registrado. Para respaldar esa posición citan datos atribuidos al Foro de Periodismo Argentino (Fopea), según los cuales una proporción mayoritaria de medios locales opera sin planteles en relación de dependencia y recurre a esquemas de colaboración.
Desde esa mirada, las obligaciones vinculadas a la efectivización automática y los costos de desvinculación funcionarían como un desincentivo para formalizar.
Igualdad de reglas y choque con las plataformas
Los empresarios aseguran que no reclaman privilegios sino previsibilidad normativa. Plantean que la protección laboral general prevista en la legislación común, sumada a las garantías constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de expresión, resultaría suficiente.
Al mismo tiempo, introducen el factor de competencia con las plataformas digitales. Señalan que disputan audiencias y publicidad con actores que no asumen compromisos laborales equivalentes por volumen de publicaciones o periodicidad.
Un final abierto
Hasta el cierre de la jornada, el futuro del Estatuto del Periodista aparecía atravesado por versiones cruzadas. En el Congreso circulaban hipótesis que iban desde su eliminación inmediata hasta esquemas de transición con plazos de seis o doce meses para renegociar un nuevo marco entre empresas y gremios.
Dentro de ese menú también se discutía la continuidad o no de la indemnización especial, que agrega alrededor de diez salarios a lo establecido por la LCT en casos de despido sin causa. La definición, por ahora, sigue en suspenso.