En medio del conflicto, el Gobierno impulsa su propia ley de financiamiento universitario
El Ejecutivo enviará al Congreso una nueva ley de financiamiento universitario en medio de una cautelar judicial y reclamos salariales del sector.
El Gobierno nacional incorporará un proyecto de financiamiento universitario al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, en medio del conflicto con el sistema universitario y tras la cautelar judicial que lo obliga a actualizar las partidas presupuestarias.
La decisión será oficializada por decreto en el Boletín Oficial y surge de las reuniones mantenidas entre la Secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Nueva iniciativa en medio de la disputa judicial
El envío del proyecto se produce luego de que el Ejecutivo apelara la resolución del juez Martín Cormick, quien ordenó la actualización de los fondos previstos por la ley de financiamiento vigente.
Esa norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero el Congreso insistió con su sanción con mayorías especiales en ambas cámaras.
Desde el Gobierno señalaron que trabajan en modificaciones que permitan “hacer viable” el esquema de financiamiento y resolver los conflictos legales abiertos.
Presupuesto y caída de recursos
El Presupuesto 2026 prevé partidas para universidades equivalentes al 0,4% del PBI, el nivel más bajo en décadas. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto representa una caída del 47% en términos reales respecto de 2023 y una reducción del 76% en becas y transferencias para estudiantes.
Además, el crédito total asignado al sistema asciende a unos $4,8 billones, mientras que las instituciones estiman necesidades cercanas a $7,2 billones para su funcionamiento.
Rechazo gremial a la propuesta salarial
En paralelo, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) rechazó la oferta salarial oficial, que contempla un aumento del 12,3% en tres tramos durante 2025, frente a una inflación anual del 31,5%.
El gremio también cuestionó que no se haya planteado una recomposición por la pérdida registrada en 2024 y ratificó su reclamo de cumplimiento pleno de la ley vigente. “La Ley de Financiamiento Universitario no se toca”, advirtió la FATUN en un comunicado.
El Ejecutivo propuso, además, reabrir las negociaciones paritarias cada dos meses durante 2026, aunque los detalles del esquema aún están en discusión.
Negociaciones con rectores
Representantes del CIN, entre ellos autoridades de las universidades nacionales de San Martín y Rosario, mantuvieron encuentros con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Según trascendió, el objetivo oficial es avanzar con un nuevo marco normativo que garantice previsibilidad fiscal y permita encauzar el conflicto con el sistema universitario.
Mientras tanto, gremios docentes y nodocentes mantienen el estado de alerta y anticipan medidas de fuerza si no se alcanza una recomposición acorde a las pérdidas acumuladas.
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso busca reemplazar el esquema vigente y será uno de los ejes del debate legislativo sobre el financiamiento universitario en las sesiones extraordinarias.
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