Sindicatos y movimientos sociales redoblan la presión contra la reforma laboral

Una movilización que se anticipa masiva y un fuerte operativo policial configuran el escenario para el viernes 27 de febrero, cuando el Senado trate el proyecto de reforma laboral que probablemente se convierta en ley. En el centro de la escena aparece una pregunta que atraviesa a organizadores y sectores políticos: si durante el debate en el recinto la protesta será pacífica o si se repetirán los graves incidentes registrados en las dos convocatorias anteriores.

Las manifestaciones previas terminaron con enfrentamientos entre grupos minoritarios y fuerzas federales. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad advirtió que no permitirá desbordes y que reforzará el dispositivo en torno al Palacio Legislativo.

Marcha y tensión en Plaza Congreso

El Congreso volverá a convertirse en epicentro de una protesta heterogénea integrada por sindicatos, movimientos sociales, agrupaciones piqueteras, partidos de izquierda y sectores ultras. Las columnas comenzarán a concentrarse desde el mediodía en las inmediaciones del palacio legislativo para rechazar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

El foco estará puesto en Plaza Congreso, donde se desplegará un dispositivo de seguridad especial y se aplicará el protocolo antipiquete. Según lo anticipado, el vallado también se reforzará en la zona del Congreso y en Plaza de Mayo.

La convocatoria es encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, Libres del Sur y el Frente Unidad Sindical, entre otros. También participarán sindicatos como Seguro, Vidrio, UPCN, Sanidad, Bancaria, Aceiteros y SIPREBA, además de agrupaciones de jubilados y universitarios.

Los organizadores esperan superar la asistencia de las movilizaciones previas, que no alcanzaron la masividad proyectada.

El operativo de Seguridad y los antecedentes

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, replicará el operativo implementado la semana pasada, cuando se registraron enfrentamientos graves entre fuerzas federales y manifestantes encapuchados. En aquella oportunidad se utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes.

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), su dirigente nacional Nicolás Caropresi reconoció: “Ahora estamos viendo que hay detenidos casi con cada movilización que hay. El proceso de movilización lógicamente se ve resentido por eso”.

En relación al impacto del accionar oficial, agregó: “El gobierno hace alarde de haber frenado la movilización de las organizaciones, lo cual ya de por sí es una mentira. Las movilizaciones han seguido, los movimientos sociales han seguido de manera activa confrontando contra este gobierno. Sí es cierto que hay un nivel de violencia frente a esa protesta, que hace difícil mantener algunos cortes o algunos reclamos en pie si no es respetando algunas de las cuestiones del protocolo, y a veces ni siquiera respetando el protocolo, porque nos ha pasado que muchas veces ni siquiera han dejado reclamar frente a edificios públicos“.

El recorrido legislativo de la reforma

La reforma laboral es uno de los proyectos centrales del Gobierno. La semana pasada obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos afirmativos y 115 negativos, tras un extenso debate.

El oficialismo accedió a retirar el polémico artículo 44, vinculado al régimen de licencias médicas, con el objetivo de facilitar su aprobación. Durante la votación nominal de los 26 capítulos de la norma, el diputado Lisandro Almirón, miembro informante, bloqueó cada uno de los cambios propuestos por la oposición.

Ahora el texto regresa al Senado, que podría convertirlo en ley este viernes.

En ese marco, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, publicó: “La semana que viene, todas las centrales sindicales, movimientos populares, movimientos estudiantiles, organizaciones políticas y el pueblo en su conjunto, a copar el Congreso y todas las calles del país”.

En la convocatoria oficial, la organización sostuvo: “Este viernes inundaremos las calles en el Congreso y en todo el país para repudiar la reforma laboral regresiva del gobierno de Milei. Hablan de modernización pero nos llevan al medioevo laboral. Hablan de formalización pero son una fábrica ininterrumpida de pobreza y desocupación. No habrá paz social mientras no haya Justicia Social en Argentina”.

Debate interno y pérdida de masividad

La discusión sobre la cantidad y la fuerza de las movilizaciones atraviesa a todo el campo popular. Referentes sociales atribuyen la caída en la masividad tanto a la crisis económica como al endurecimiento de los controles y la represión estatal.

Caropresi insistió en que existe un “nivel de violencia frente a esa protesta” que dificulta sostener cortes o reclamos, incluso cuando se respeta el protocolo vigente.

Por su parte, Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, señaló: “El plan de Javier Milei es descarado. Su objetivo es destruir la industria, la ciencia, la tecnología y todo lo que implique un desarrollo soberano del país. El nivel de crueldad lo demostró con todos los que necesitaban ayuda, los discapacitados, los jubilados y la gente que necesita un plato de comida. El retroceso que significa desconocer la jornada laboral de ocho horas, no pagar horas extras, muestra que es vergonzoso su accionar y que tenga el consenso para avanzar en ese sentido”.

Sobre la menor concurrencia en las últimas marchas, Saravia agregó: “Mucha gente está tratando de sobrevivir y el nivel de inestabilidad y la crisis que estamos viviendo hace que no sea tan sencillo organizarse y faltar al trabajo, o dejar pasar una changa. Si faltás, no cobrás, y en el caso del trabajo registrado te descuentan el día. También vemos que hay intimidación. Eso no es de ahora, se viene haciendo desde que asumió Milei. Denuncias truchas, allanamientos muy violentos, y movilizarse desde la provincia a Ciudad se hace difícil, porque en las estaciones de tren hay retenes de la policía revisando, pidiendo identificación. Hay un proceso de intimidación importante”.

Contexto económico y clima político

La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de caída del empleo formal y cierre de empresas, como FATE. Mientras el Gobierno destaca la baja de la inflación y sostiene que la reforma apunta a reducir la informalidad y promover el empleo registrado, las centrales sindicales y organizaciones sociales advierten sobre un retroceso de derechos y la “falsedad de esos argumentos”.

La jornada de protesta coincide con el cierre de las sesiones extraordinarias y la antesala de la apertura del período ordinario del Congreso. El domingo 1° de marzo, a las 21, el presidente Javier Milei volverá a presentarse ante los 257 diputados, los 72 senadores y la vicepresidenta Victoria Villarruel para inaugurar el período ordinario de sesiones, en lo que será su tercera apertura.

El oficialismo llega a esta instancia con un contexto que considera favorable. Si no surge ningún imprevisto político, Milei arribará al recinto tras cumplir los tres objetivos trazados para las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero: la aprobación del Presupuesto —algo que Argentina no lograba desde hacía dos años fiscales— y el avance hacia la sanción de la baja de la edad de imputabilidad, con un nuevo régimen penal juvenil, y de la reforma laboral, dos iniciativas que durante años fueron rechazadas por el peronismo y que ahora avanzan bajo el gobierno libertario.

La incógnita inmediata, sin embargo, se definirá en las calles que rodean al Congreso: el nivel de convocatoria y el desarrollo de una jornada que combina tensión política, pulseada legislativa y un operativo de seguridad reforzado.