“Es una pelotudez”: fuerte ataque de una diputada libertaria al informe de la CPM
La difusión del tercer informe especial “Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas”, elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), desató un nuevo cruce político en la provincia de Buenos Aires. La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Sofía Pomponio, calificó el trabajo como una “pelotudez” y cuestionó el uso de recursos públicos para su impresión y distribución.
El informe releva el accionar de fuerzas de seguridad en el marco de protestas sociales desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2025, es decir, durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei.
Según datos oficiales de la CPM, en ese período se monitorearon 139 movilizaciones en distintos puntos del país. En 51 de ellas —un 37% del total— se habrían registrado hechos represivos. Como consecuencia del despliegue de las fuerzas de seguridad, el organismo consignó 2.585 personas heridas y 258 detenciones que calificó como arbitrarias.
El saldo represivo del segundo año de Milei.
“Increíble que gasten plata en estas pelotudeces”
El informe fue remitido, entre otros destinatarios, a Pomponio, quien se desempeña como vicepresidenta de la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara baja bonaerense. La legisladora marplatense difundió un video en sus redes sociales donde cuestionó duramente el trabajo.
“Llego a mi despacho y me encuentro con un sobre que me envía la Comisión Provincial por la Memoria. En el sobre me envían una nota dirigida a mí, donde me informan que durante el año 2025 hicieron el monitoreo de las manifestaciones en contra del gobierno nacional”, relató.
Con tono irónico, sostuvo: “Imagínense lo ocupada que está la Comisión Provincial por la Memoria, que monitorea todas las manifestaciones que se hacen en contra del gobierno nacional”. Y agregó: “Es un informe impreso que se titula ‘Monitoreo de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas’. No lo puedo creer, que la Comisión Provincial por la Memoria gaste plata en estas pelotudeces. En el título dice ‘tercer informe especial’, es decir que esta pelotudez la imprimieron tres veces”.
En el posteo que acompañó el video, Pomponio insistió: “Acá están las ‘prioridades’ de la Comisión Provincial por la Memoria. Monitorear manifestaciones en contra del gobierno nacional… Y mientras tanto, delirando plata, en vez de poner el foco en lo que de verdad importa. Qué ridiculez”.
No es el primer cruce de la legisladora con el organismo de derechos humanos. Semanas atrás, Pomponio respaldó públicamente al intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, frente a una denuncia presentada por la CPM vinculada al accionar de la Patrulla Municipal.
En ese contexto, la diputada había señalado que “aparecen los de siempre: los que ponen palos en la rueda y jamás dieron una solución”, y apuntó contra quienes, según su visión, “curran con los derechos humanos”.
El trasfondo: represión y 50 años del golpe
El debate se da en un clima político atravesado por fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional en materia de seguridad y derechos humanos.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada bonaerense de Unión por la Patria, Soledad Alonso, afirmó que las represiones frente al Congreso responden a una decisión política del Ejecutivo y comparó la violencia policial con los hechos de diciembre de 2001. “Estamos ante un estado casi de sitio que quieren implementar”, advirtió al denunciar una “acción sistemática” para disciplinar la protesta social.
En paralelo, la CPM organizó el segundo encuentro provincial de organizaciones y colectivos de memoria, con la participación de más de 40 espacios, de cara a los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Durante la apertura, su presidenta, Dora Barrancos, alertó sobre lo que definió como un “grave retroceso” en políticas de memoria y derechos humanos bajo la actual gestión nacional.
En ese marco, el informe sobre la represión en protestas se suma a una agenda que el organismo considera prioritaria frente al avance de discursos negacionistas y al endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por la Casa Rosada.