Baja de imputabilidad a los 14: escala el rechazo y advierten que podría reconfigurar el delito

El Senado se prepara para debatir este viernes uno de los proyectos más sensibles de la agenda del Gobierno nacional: la reforma del Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Mientras el oficialismo busca avanzar tras la media sanción obtenida en Diputados, desde la provincia de Buenos Aires se multiplican las advertencias de especialistas, organismos de derechos humanos y referentes políticos que cuestionan la efectividad y el enfoque de la iniciativa.

El proyecto, impulsado por la gestión de Javier Milei, establece que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser penalmente responsables en casos de delitos graves, con penas de hasta 15 años de prisión. Para infracciones menores, prevé sanciones alternativas y mecanismos restaurativos, además de la creación de institutos especializados con educación obligatoria y tratamiento integral.

Sin embargo, el debate llega al Senado en un clima de fuerte polémica y con críticas que apuntan tanto a la viabilidad de la medida como a sus posibles consecuencias sociales y jurídicas.

Críticas desde la Provincia: impacto limitado y riesgos legales

Desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, el defensor Ricardo Berenguer cuestionó el enfoque del proyecto y advirtió que la reforma se apoya más en consignas que en evidencia.

“‘Delito de adulto, pena de adulto’ es un lindo slogan para TikTok, no para una discusión profunda”, afirmó en declaraciones radiales. Según explicó, las neurociencias muestran que el desarrollo cerebral continúa más allá de los 22 o 25 años, por lo que adolescentes de 14 o 15 años no cuentan con la madurez necesaria para responder como un adulto ante situaciones críticas.

Berenguer también planteó que el impacto en materia de seguridad sería marginal. En la provincia de Buenos Aires, los delitos cometidos por menores de 18 años representan apenas el 2% del total. “El objetivo inicial y final del proyecto es bajar la edad de reproche para los pibes”, sostuvo.

Además, advirtió que el tope de 15 años de pena “no deja de ser excesivo” y que el esquema propuesto podría “achatar las penas”, equiparando delitos de distinta gravedad. Desde su perspectiva, la reforma podría vulnerar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y derivar en litigios ante organismos internacionales.

Organismos y dirigentes advierten por más violencia y nuevas dinámicas del delito

En las últimas horas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también rechazó la iniciativa y sostuvo que “consagra el fracaso de las políticas de niñez”. En un comunicado, el organismo afirmó que bajar la edad de punibilidad “no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito” y que, por el contrario, podría generar “más violencia y más inseguridad”.

Según detalló la CPM, en la provincia ya existen herramientas para intervenir en casos graves: los menores de 16 que cometen homicidios pueden ser privados de su libertad mediante medidas de seguridad. Actualmente, no solo están detenidos los 25 jóvenes que cometieron homicidios, sino también otros 225 por delitos como abuso sexual o robo agravado.

El organismo alertó además sobre las condiciones de encierro en los dispositivos juveniles, con aislamiento prolongado, escaso acceso a educación y formación laboral y ausencia de estrategias de reinserción social. “Los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal”, señaló, y reclamó mayor inversión en escuelas, salud, clubes y dispositivos comunitarios.

En la misma línea crítica, desde la bancada de Unión por la Patria en el Senado nacional, Sergio Berni, advirtió que la fijación del límite en 14 años podría generar efectos no deseados en el mapa del delito. “Lo que está haciendo es abrirle las puertas a las organizaciones narcocriminales para que a partir de ahora los ‘soldaditos’ tengan menos de 14 años”, sostuvo.

Para el ex ministro de Seguridad bonaerense, el problema central no es la edad sino la evaluación individual. “Todo menor que se detiene debe pasar por pericias psiquiátricas y determinar si comprendía o no el acto criminal”, planteó.

Un debate reprogramado y cruzado por la agenda del Gobierno

El tratamiento en el Senado fue reprogramado y quedó fijado para el viernes, luego de que el oficialismo decidiera vincular la discusión con la reforma laboral, considerada prioritaria dentro de su estrategia legislativa.

La sesión prevista para el jueves abordará otros temas, como la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

Tras la media sanción en Diputados —con 149 votos a favor y 100 en contra, y el rechazo mayoritario de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda— el escenario en la Cámara alta se anticipa igualmente tenso, en medio de un debate que expone diferencias profundas sobre el rol del Estado, la seguridad y las políticas de niñez.