El PJ repudió la denuncia de Stornelli contra Quintela y habló de “persecución política”
El Partido Justicialista salió en bloque a respaldar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tras la denuncia presentada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien lo acusó de “incitar a la violencia” por sus declaraciones críticas contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.
Desde el PJ nacional calificaron la presentación judicial como “un nuevo episodio de persecución política” y denunciaron un intento de “disciplinamiento” a través de los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia y las declaraciones en cuestión
La acusación de Stornelli se originó en una entrevista radial en la que Quintela cuestionó la sostenibilidad del modelo económico actual y afirmó que, en esas condiciones, el Gobierno “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. En ese marco, comparó el contexto con la crisis de 2001 y sostuvo que, de mantenerse el rumbo, el país podría llegar “totalmente destruido, entregado”, al tiempo que habló de un “genocidio social”.
En un escrito de cuatro páginas presentado ante la Justicia federal, el fiscal encuadró esas expresiones en posibles delitos como instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición. Además, solicitó que el mandatario provincial sea citado a declaración indagatoria.
Stornelli argumentó que las palabras adquieren “mayor trascendencia y gravedad institucional” por provenir de un gobernador en ejercicio.
El respaldo del PJ nacional
En un documento titulado “Solidaridad con el gobernador Quintela”, el PJ nacional —presidido por Cristina Fernández de Kirchner— rechazó la denuncia y sostuvo que “no tiene ningún sustento jurídico”, ya que se basa en una opinión expresada en un medio de comunicación.
El comunicado señala que se trata de “un nuevo episodio de persecución política y de la utilización del aparato judicial como herramienta de disciplinamiento contra dirigentes de la oposición al gobierno de Milei”. También cuestiona el rol del fiscal y menciona antecedentes de su actuación en causas de alto impacto político.
El peronismo riojano y el mensaje federal
Desde La Rioja, el peronismo provincial se sumó al repudio y advirtió que “si tocan a Quintela, tocan al federalismo”. La vicegobernadora Teresita Madera sostuvo que advertir sobre la insostenibilidad social del ajuste no constituye incitación a la violencia, sino una lectura política de la realidad.
En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, consideró que se trata de “otro intento más de judicialización de la política” y envió un mensaje a los gobernadores al afirmar que “los quieren amordazar”.
La senadora riojana Florencia López también expresó su respaldo y encuadró la denuncia dentro de un esquema de persecución contra mandatarios peronistas.
La respuesta de Quintela
Tras la difusión de la denuncia, Quintela aclaró que sus declaraciones fueron de carácter político y que reflejan su visión sobre el impacto social del ajuste.
“Planteé una declaración política de lo que visualizo que puede suceder en el corto o mediano plazo si no se modifican las políticas”, afirmó. Y agregó que observa un deterioro en los sectores vulnerables y en la industria, con pérdida de puestos de trabajo.
Más tarde, agradeció públicamente las muestras de apoyo: “Recibo cada mensaje con la tranquilidad de saber que no estamos solos. Soy y seguiré siendo un firme defensor de la democracia”.
Cruces con el oficialismo
Desde el oficialismo también hubo respuestas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó duramente al gobernador riojano y calificó sus declaraciones como “lamentables”. Además, lo acusó de mala gestión provincial y lo criticó por el uso de recursos oficiales.
En paralelo, dirigentes peronistas como la diputada Victoria Tolosa Paz expresaron su solidaridad con Quintela y denunciaron un “ataque y persecución judicial” contra el mandatario.
La denuncia quedó ahora en manos de la Justicia federal. Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo al clima de alta tensión política entre el Gobierno nacional y los gobernadores peronistas.