Autonomía, concesiones y Corte Suprema: qué hay en juego en Punta Mogotes
En las últimas horas, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó formalmente con la apertura del concurso de ideas para proyectar la renovación arquitectónica y paisajística del complejo balneario de Punta Mogotes, en paralelo al conflicto judicial que mantiene con el Municipio de General Pueyrredón por el control del predio.
La convocatoria, impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense junto con la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia – Distrito IX, quedó habilitada esta semana y permanecerá abierta hasta el 20 de abril. El 25 de abril se dará a conocer el proyecto ganador tras la evaluación de un jurado especializado.
El concurso está dirigido a arquitectos matriculados en la provincia, se desarrollará en una sola vuelta y tendrá carácter no vinculante. Entre los ejes que deberán abordar las propuestas figuran intervenciones sobre los 24 balnearios del complejo, mejoras en accesos y estacionamientos, recuperación de espacios públicos, integración urbana con los barrios cercanos y puesta en valor del sistema de lagunas declarado área protegida.
Habrá premios económicos de 10 millones de pesos para el primer lugar, 3 millones para el segundo y 900 mil pesos para el tercero, además de menciones especiales.
Una causa abierta desde 2024
El lanzamiento del concurso se produce en un contexto judicial que se arrastra desde fines de 2024, cuando la Municipalidad inició una demanda en la justicia contencioso administrativa para recuperar la administración plena del complejo, actualmente en manos de un ente interjurisdiccional donde la Provincia tiene mayoría desde 1984.
Durante estos meses, la discusión se concentró en la competencia judicial. La Suprema Corte bonaerense rechazó los planteos de la Provincia que buscaban trasladar la causa a La Plata y al fuero Civil y Comercial, ratificando la intervención del Juzgado Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
Tras esa decisión, la Provincia presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A comienzos de febrero, el Municipio formalizó su rechazo al planteo provincial y solicitó que el recurso sea declarado inadmisible, al considerar que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva y que no existe gravedad institucional ni violación a la garantía del juez natural.
El expediente quedó en condiciones de ser analizado por la Suprema Corte provincial, mientras el debate de fondo —quién debe administrar el complejo— continúa sin resolución.
En paralelo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que el predio está bajo la órbita de un ente interjurisdiccional con mayoría provincial y cuestionó el intento municipal de intervenir sobre la deuda vinculada al complejo: “No lo puede hacer, porque si lo haría sería un delito”.
Concesiones que vencen y empleo en suspenso
El conflicto político e institucional se cruza con un dato clave: a mitad de 2026 vencen las concesiones de los 24 balnearios de Punta Mogotes.
En las últimas semanas, se expuso públicamente la preocupación de trabajadores y concesionarios ante la falta de definiciones. Algunos balnearios dejaron de ofrecer reservas anticipadas de carpas para la próxima temporada, una práctica habitual que permite garantizar ingresos y previsibilidad. En paralelo, trabajadores comenzaron a recibir advertencias sobre la posibilidad de no ser convocados el próximo verano y algunos empleadores evalúan iniciar trámites indemnizatorios ante la incertidumbre.
La situación afecta a carperos, guardavidas, administrativos, empleados de estacionamiento y comerciantes vinculados a la actividad del complejo.
En el plano político, el edil Ariel Bordaisco presentó un proyecto en el Concejo Deliberante reclamando el traspaso de la administración al Municipio y afirmó: “Punta Mogotes no es de Kicillof, es de los marplatenses”. El dirigente radical sostuvo que el esquema actual “distorsiona la autonomía municipal” y planteó que resulta “inaceptable” que el principal complejo balneario de la ciudad continúe bajo control mayoritario de la Provincia.
En su iniciativa, pidió que el Ejecutivo local avance con todas las herramientas institucionales disponibles para recuperar la administración plena del predio y cuestionó que las decisiones estratégicas sobre concesiones e inversiones se adopten fuera del ámbito municipal. Según argumentó, la discusión no es partidaria sino “de defensa de los intereses de Mar del Plata” y de los trabajadores que dependen de la actividad en el complejo.
El senador nacional (UCR) Maximiliano Abad también elevó el tono contra la postura provincial y sostuvo que la Provincia no puede avanzar unilateralmente sobre la administración de las costas marplatenses. En declaraciones públicas, remarcó que el conflicto por Punta Mogotes forma parte de un debate más amplio sobre la autonomía municipal y acusó al gobierno bonaerense de “asfixiar” las capacidades de decisión de la ciudad.
Abad planteó que el vencimiento de las concesiones debería ser una oportunidad para redefinir el esquema de gestión con mayor participación local y advirtió que la incertidumbre institucional termina afectando inversiones y empleo. En esa línea, respaldó la estrategia judicial del Municipio y reclamó una solución que garantice previsibilidad a concesionarios y trabajadores.
Con el concurso de ideas ya en marcha, un recurso extraordinario federal pendiente de resolución y concesiones que expiran a mitad de año, el futuro administrativo y económico de Punta Mogotes sigue condicionado por una definición judicial que todavía no llegó.