La batalla provincial para sanear ríos y transformar la gestión ambiental en medio de la tensión por financiamiento
La crisis ambiental en la región capital de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial. Mientras la Justicia federal avanzó con un embargo multimillonario por la contaminación en la cuenca del Río de la Plata, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof decidió apelar la medida y apuntó directamente al Ejecutivo nacional por la falta de avales para financiar las obras que permitirían revertir el problema estructural.
El conflicto expone dos debates que se cruzan: la histórica deuda ambiental en los cursos de agua del Gran La Plata y la disputa por el financiamiento de las obras necesarias para resolverla.
Según la resolución judicial, el sistema hídrico integrado por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata presenta un “grado de contaminación aberrante” debido al vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos. El juez federal Alberto Recondo dispuso un embargo por 157.164 millones de pesos contra la provincia hasta que se ponga en marcha el plan de saneamiento.
El conflicto por las obras cloacales y el embargo judicial
El fallo se basó en peritajes técnicos elaborados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que describen un cuadro crítico en la región capital. Los informes hablan de un sistema hídrico que funciona como “un sumidero de desechos cloacales e industriales”.
Las muestras tomadas en distintos puntos detectaron descargas cloacales masivas en el arroyo El Gato, especialmente en sectores urbanos de la capital provincial. También se identificaron aportes contaminantes provenientes de arroyos urbanos como el Saladero en Berisso, el Canal Oeste y el Doña Flora en Ensenada.
El diagnóstico ambiental es todavía más amplio. Un informe pericial incorporado al expediente detectó un “corredor costero de aguas contaminadas” en el Río de la Plata producto de aportes urbanos e industriales que se suceden desde la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano hasta Magdalena y Punta Indio.
Frente a ese cuadro, la Justicia ordenó garantizar el retiro mecanizado de residuos sólidos en la zona costera y avanzar con las obras de tratamiento de líquidos cloacales que impactan sobre los cursos de agua.
Sin embargo, el gobierno provincial sostiene que la decisión judicial no contempla el escenario financiero actual ni el esquema de financiamiento previsto para ese tipo de infraestructura.
El proyecto de saneamiento para La Plata, Berisso y Ensenada requiere una inversión estimada de 270 millones de dólares y un plazo de ejecución de cinco años. La iniciativa contempla ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes cloacales y mejorar las condiciones ambientales en toda la franja costera del Río de la Plata.
Desde la administración de Kicillof remarcan que el crédito internacional para financiar la obra ya está aprobado, pero la provincia no puede tomarlo sin los avales del Estado nacional.
En 2024, el Ministerio de Economía bonaerense solicitó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que priorice el financiamiento de ese proyecto, considerado estratégico para la región capital, donde viven más de 933 mil habitantes.
Funcionarios provinciales sostienen que la falta de respuesta del gobierno nacional y la interrupción de transferencias destinadas a infraestructura impidieron avanzar con la ejecución del plan.
A eso se suma, según explican, la demora en líneas de financiamiento internacional vinculadas a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que requieren avales soberanos del Estado nacional.
Desde la Provincia también advierten que la caída de la coparticipación y el contexto fiscal obligaron a priorizar gastos esenciales como salarios y asistencia social por encima de obras de gran escala.
Basurales, residuos y una estrategia ambiental más amplia
En paralelo a la disputa por el saneamiento cloacal, el gobierno bonaerense impulsa una estrategia ambiental más amplia orientada a transformar el sistema de gestión de residuos en los 135 municipios.
El desafío es enorme. En territorio bonaerense se generan 20.400 toneladas de residuos por día, lo que representa cerca del 40% de la basura producida en toda la Argentina.
De ese total, una parte importante todavía termina en basurales a cielo abierto o en rellenos sin controles adecuados. Según datos oficiales, 77 municipios aún disponen sus residuos de esa manera.
Para revertir esa situación, la provincia implementa el programa “Mi Provincia Recicla”, una política que combina el saneamiento de basurales con el desarrollo de sistemas de gestión integral de residuos y el impulso de la economía circular.
La estrategia incluye la construcción de celdas sanitarias, el fortalecimiento de cooperativas de reciclado, la entrega de equipamiento a municipios y campañas de separación en origen. Desde 2021 ya se cerraron cinco basurales a cielo abierto y se avanzó con proyectos de saneamiento en al menos doce distritos.
En el interior bonaerense, varios intendentes destacan el impacto de esas obras. El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, aseguró a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el saneamiento del basural local cambió completamente la situación ambiental del distrito.
“Este año vamos a seguir trabajando muy fuertemente en lo que es medio ambiente. Nosotros hemos saneado, gracias al Gobierno de la Provincia, a nuestro gobernador y a la ministra de Ambiente, todo lo que es el basural a cielo abierto que teníamos; ahora contamos con celda”, afirmó.
Marini también detalló la magnitud de la inversión realizada en su distrito. “Se está saneando todo, a través del Ministerio de Ambiente que conduce Daniela Vilar, también con una fuertísima inversión de la Provincia. Nosotros teníamos un basural a cielo abierto y hoy podemos decir que prácticamente ha quedado como una cancha de golf. Lo sanearon todo, una inversión de más de 3.000 millones de pesos”.
Desde el municipio de Salto, el secretario de Coordinación General de Gobierno, Camilo Alessandro, explicó que el nuevo sistema de disposición final representa un salto de calidad en materia ambiental.
“Lo que se está haciendo es continuar con una política que se empezó en 2014 de erradicación del basural: se sacó de la zona urbana y lo que se hace ahora es un relleno sanitario. Hay pocas obras de estas características en Argentina”, destacó en diálogo con este medio.
Y agregó: “Es de gran impacto que un basural a cielo abierto pase a ser un basural modelo; es decir, se clausura lo que fue un basural a cielo abierto”.