Miles de cooperativas suspendidas: la decisión del INAES enfrenta a Nación y Provincia por el empleo
La decisión del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de suspender autorizaciones para funcionar abrió un nuevo frente entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. A través de la Resolución 2076/2026, publicada el jueves 22 de octubre, el organismo alcanzó a miles de cooperativas y mutuales por documentación institucional pendiente. El presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, advirtió sobre las consecuencias para el empleo y reclamó una revisión de los padrones.
El funcionario bonaerense denunció que 6.667 cooperativas fueron suspendidas a escala nacional, de las cuales 1.916 corresponden a territorio provincial, mientras otras 299 cooperativas bonaerenses recibieron intimaciones. En un mensaje difundido en sus redes sociales, sostuvo que la medida afecta a alrededor del 40% del sector en Buenos Aires y pidió al INAES reconsiderar la situación de las entidades alcanzadas.
El conflicto combina dos planos: la decisión administrativa del organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y el reclamo del gobierno de Axel Kicillof por la continuidad de los emprendimientos productivos. La norma apunta a incumplimientos documentales, pero sus consecuencias inciden directamente sobre la autorización para funcionar de las organizaciones suspendidas.
El peso bonaerense y las fuentes de trabajo
Buenos Aires concentra la mayor cantidad de cooperativas del país. Los tableros estadísticos difundidos por el INAES para el segundo trimestre de 2026 contabilizaban 5.202 entidades vigentes no suspendidas en la Provincia, dentro de un universo nacional de 18.379 cooperativas y 3.833 mutuales en esa condición.
Distribución de cooperativas por provincia: Buenos Aires encabezaba el registro con 5.202 entidades vigentes no suspendidas. Fuente: INAES, segundo trimestre de 2026, antes de las suspensiones dispuestas en octubre.
Los registros ubicaban a la Ciudad de Buenos Aires en segundo lugar, con 2.345 cooperativas, seguida por Santa Fe, con 1.758. La distribución muestra el peso territorial del sector bonaerense, donde conviven organizaciones dedicadas al trabajo, la producción, los servicios y distintas actividades comunitarias.
Onorato sostuvo que la Provincia viene realizando un esfuerzo para preservar la actividad cooperativa y cuestionó que la suspensión de matrículas agregue dificultades durante la crisis económica. “Tenemos que acompañar y sostener las fuentes de trabajo”, afirmó, antes de reclamar que el organismo nacional revise los padrones publicados y las situaciones individuales.
El presidente del IPAC ya había advertido en julio sobre las dificultades que enfrentaban las cooperativas. Entonces señaló que las organizaciones de trabajo eran especialmente vulnerables a la recesión por su participación en la construcción, las pequeñas obras de infraestructura social, las tareas comunitarias y el mantenimiento de clubes y sociedades de fomento.
También había mencionado los problemas financieros de las cooperativas eléctricas, particularmente las deudas acumuladas con las empresas proveedoras de energía. Se trata de actividades con necesidades diferentes, pero atravesadas por mayores costos y dificultades para sostener ingresos y producción.
La controversia actual introduce una restricción adicional. La suspensión administrativa no supone automáticamente el cierre definitivo de una cooperativa, pero limita su habilitación para funcionar y sus posibilidades de realizar gestiones ante el organismo nacional. La preocupación provincial se concentra en los efectos de esas restricciones sobre organizaciones que necesitan mantener su actividad cotidiana.
Qué exige el INAES y cómo funcionan las suspensiones
La Resolución 2076/2026 fue aprobada el 13 de octubre y establece un procedimiento sobre cooperativas y mutuales inscriptas hasta el 31 de diciembre de 2024. La suspensión inmediata comprende a entidades que no presentaron documentación asamblearia y estados contables correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026, o desde su inscripción cuando fuera posterior.
El INAES fundamentó la medida en las leyes nacionales 20.337, de cooperativas, y 20.321, de mutuales. Las obligaciones comprenden documentación vinculada con asambleas, balances, memorias y funcionamiento de las autoridades. Para el instituto, esas presentaciones resultan necesarias para controlar la vida institucional y verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
Los primeros seis anexos de la resolución identifican a las organizaciones cuya autorización quedó suspendida. El artículo primero establece que no podrán realizar trámites ante el INAES hasta regularizar las faltas detectadas. El artículo octavo dispone, además, la apertura de sumarios administrativos, que podrán derivar en las medidas o sanciones correspondientes.
La norma diferencia ese grupo de otras entidades que todavía tienen margen para completar la documentación. Las cooperativas y mutuales reconocidas durante 2023 y 2024 que respondieron a los relevamientos oficiales, pero mantienen presentaciones pendientes, disponen de 30 días hábiles administrativos. Las inscriptas en 2025 cuentan con 60 días hábiles para cumplir.
Durante esos plazos, las entidades intimadas solo podrán realizar presentaciones relacionadas con su regularización, requerimientos oficiales o tareas de fiscalización. Si no cumplen, el artículo sexto establece la suspensión automática de su autorización para funcionar y el inicio de actuaciones sumariales.
La resolución también contempla excepciones para determinadas mutuales constituidas por colectividades y cooperativas dedicadas a prestar servicios públicos. Estas organizaciones quedaron sujetas a relevamientos específicos para determinar su situación institucional y procurar su regularización, con las salvedades establecidas por la propia normativa.
El artículo noveno habilita el levantamiento automático de la suspensión cuando las entidades entregan la documentación adeudada y, si corresponde, actualizan sus datos y constituyen su legajo electrónico. Ese cumplimiento puede producirse incluso durante la tramitación de un sumario administrativo.
El contrapunto entre Nación y Provincia
En los fundamentos de la resolución, el INAES sostiene que la ausencia de asambleas o de las comunicaciones correspondientes dificulta sus tareas de fiscalización pública. También afirma que sus áreas prestan asesoramiento y asistencia para normalizar entidades y recuerda distintos mecanismos implementados durante los últimos años para actualizar padrones y regularizar documentación.
La decisión forma parte de un proceso iniciado con la Resolución 3208/2024, que suspendió autorizaciones de cooperativas y mutuales inscriptas hasta 2022 por incumplimientos acumulados durante ejercicios anteriores. El nuevo acto amplía la revisión a presentaciones más recientes y establece diferentes tratamientos según la antigüedad y los antecedentes administrativos de cada organización.
Desde la Provincia, Onorato cuestionó el momento y el alcance de las suspensiones. En su publicación insistió en la necesidad de acompañar a las cooperativas para preservar el trabajo y reclamó revisar las nóminas de entidades alcanzadas. Su planteo se suma a las diferencias que mantiene con la administración de Javier Milei sobre las políticas destinadas a la economía social.
La discusión también refleja responsabilidades institucionales diferentes. El organismo nacional registra, habilita y fiscaliza cooperativas y mutuales, mientras la administración bonaerense, a través del IPAC, impulsa políticas de promoción, asistencia y fortalecimiento institucional. Las restricciones nacionales afectan ahora a entidades cuya actividad la Provincia busca sostener.
La regularización documental aparece como el próximo paso para las cooperativas suspendidas, mientras las organizaciones intimadas cuentan con plazos diferenciados para evitar esa consecuencia. En paralelo, el IPAC reclama una revisión de los padrones y de las situaciones individuales.
Con miles de entidades alcanzadas en todo el país y una concentración importante en territorio bonaerense, la continuidad de las fuentes laborales y las condiciones para recuperar la autorización para funcionar quedaron en el centro del nuevo contrapunto entre Nación y Provincia.