Jet privado, facturas y dudas: la Justicia avanza sobre los viajes de Adorni
La investigación judicial sobre los viajes en jet privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos elementos que profundizan las dudas sobre quién financió los traslados de su familia a Punta del Este. Facturas, circuitos de pago poco claros y posibles inconsistencias fiscales quedaron bajo la lupa del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras el Gobierno opta por cerrar filas y cuestionar el origen de la filtración del caso.
Facturas cruzadas y un circuito de dinero bajo sospecha
El foco está puesto en dos tramos: el vuelo de ida, el 12 de febrero, y el regreso, el 17. El primero figura como abonado por la productora Imhouse S.A., vinculada al conductor de la TV Pública Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni. El comprobante registra un pago de 4.830 dólares, en una operación que ahora es analizada por la Justicia debido a que la empresa mantiene contratos con el Estado.
Para el vuelo de regreso, la documentación incorporada al expediente indica que fue facturado por el piloto Agustín Issin, quien habría adquirido previamente un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la firma Alpha Centauri S.A. Uno de esos tramos, valuado en unos 4.250 dólares, habría sido utilizado por la familia del funcionario.
Sin embargo, el propio Issin aseguró que revendió ese vuelo a Grandio por 3.000 dólares, es decir, por debajo del costo original. A esto se suma un dato que generó sospechas: la factura presentada está fechada el 9 de marzo, semanas después de realizado el viaje y cuando el escándalo ya había tomado estado público.
La diputada Marcela Pagano advirtió además sobre inconsistencias en la documentación: el comprobante sería tipo “E” —utilizado para exportación de servicios— pese a que el supuesto comprador reside y tributa en Argentina. Según su planteo, esto podría implicar una maniobra para evitar el pago de IVA y dificultar la trazabilidad del dinero. “Si la operación se factura como exportación cuando no lo es, se evade el impuesto y se pierde transparencia sobre quién pagó realmente”, sostuvo.
Avances judiciales y nuevas medidas
Ante la acumulación de indicios, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas involucradas, entre ellas Imhouse S.A., y también del propio Issin. Además, requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal de Alpha Centauri y solicitó a entidades bancarias los movimientos asociados a los pagos.
La Justicia también pidió acceso a las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para reconstruir el recorrido completo del viaje y verificar el cumplimiento de los controles migratorios y aduaneros.
El expediente busca determinar si existió una dádiva —en caso de que los vuelos hayan sido un beneficio sin contraprestación— o un posible enriquecimiento ilícito si los gastos no pueden ser justificados con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo sueldo ronda los 3.500.000 pesos.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza otro episodio: el uso del avión presidencial en un viaje a Nueva York en el que participó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.
Interna política y reacción oficial
Mientras la causa avanza, en la Casa Rosada apuntan a una supuesta operación política detrás de la difusión del video que muestra al funcionario abordando el avión rumbo a Uruguay. Desde el entorno oficial deslizaron que la grabación habría sido realizada por una delegada sindical vinculada a sectores opositores.
Sin embargo, desde la oposición rechazaron esa línea argumental. El diputado Nicolás del Caño sostuvo que el Gobierno intenta desviar la discusión: “Necesitan cambiar la agenda. En vez de explicar cómo Adorni paga o no sus vuelos, ahora acusan a quien lo filmó. Es él quien tiene que dar explicaciones”.
La causa ya cuenta con al menos tres expedientes abiertos en Comodoro Py, impulsados por denuncias de legisladores de distintos espacios, entre ellos Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano y Pagano. El objetivo central es reconstruir el circuito del dinero y establecer si hubo financiamiento indebido o irregularidades en el uso de recursos vinculados al Estado.