Más de 10 millones de familias con dificultades para vivir: el mapa del déficit habitacional
La crisis habitacional en Argentina alcanzó niveles críticos: el 73% de los hogares —unos 10,7 millones— presenta algún tipo de problema vinculado a la vivienda. El dato surge de un informe elaborado en base al Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares, que expone una radiografía cada vez más extendida del deterioro en las condiciones de vida, en un contexto marcado por el fuerte recorte estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Lejos de tratarse solo de la falta de techo, el problema abarca múltiples dimensiones: déficit de servicios básicos, precariedad estructural, hacinamiento, irregularidad en la tenencia y dificultades de acceso a la propiedad. En muchos casos, estas problemáticas se superponen, agravando la situación de millones de familias.
Viviendas precarias, falta de servicios y hacinamiento
El informe de la organización Tejido Urbano identifica que 7,4 millones de hogares tienen problemas en sus viviendas actuales. Dentro de este universo, la carencia más extendida es la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y cloacas, que afecta a 5 millones de hogares. A esto se suma la irregularidad dominial, que alcanza a 4,7 millones de familias que no cuentan con escritura o seguridad jurídica sobre su vivienda.
En paralelo, más de 1 millón de hogares necesita una vivienda adicional debido a condiciones críticas. Se trata de familias que viven en estructuras irrecuperables, en hacinamiento extremo o compartiendo vivienda con otros grupos familiares. Según el relevamiento, más de 510.000 hogares habitan construcciones que no pueden ser mejoradas, mientras que el hacinamiento crítico alcanza a 372.000 familias.
El informe advierte que estos casos corresponden mayormente a los sectores más vulnerables: el 84% de quienes comparten vivienda y el 79% de quienes viven en condiciones irrecuperables pertenecen a estratos bajos o medio-bajos.
Además, existe una fuerte superposición de carencias. Muchos hogares con problemas estructurales también carecen de servicios básicos y presentan situaciones irregulares de tenencia, lo que amplifica el impacto en la calidad de vida.
Alquileres y barrios populares: el déficit que se expande
El acceso a la vivienda también se volvió un problema estructural para sectores medios. El informe incorpora a los hogares inquilinos como parte del déficit habitacional: 2,3 millones de familias alquilan sin poder acceder a la propiedad, lo que representa el 21% de las problemáticas relevadas.
Se trata, en muchos casos, de hogares más chicos, con mayor nivel educativo y ubicados en zonas urbanas céntricas, pero que enfrentan una barrera creciente para comprar una vivienda. La desregulación del mercado de alquileres, sumada a la suba de precios y condiciones más restrictivas, agravó este escenario.
A esto se suma la situación en barrios populares. Al menos 1,2 millones de familias viven en villas o asentamientos donde el problema no es solo la vivienda, sino el entorno: falta de infraestructura, calles, servicios y condiciones urbanas básicas. En estos casos, las soluciones requieren intervenciones integrales que van más allá de mejoras individuales.
Menos inversión y políticas desmanteladas
En este contexto, la política pública en materia habitacional muestra un fuerte retroceso. Desde la asunción del actual gobierno, la inversión en vivienda y urbanismo sufrió una caída histórica: entre 2023 y 2025 el recorte real se ubica entre el 85% y el 95%.
La ejecución presupuestaria de 2025 reflejó una caída del 27% en la inversión pública total, con una baja del 93,5% específicamente en vivienda y urbanismo. Además, se disolvieron fondos clave como el Procrear, el Fondo Fiduciario de Vivienda Social y el de Integración Socio Urbana.
El ajuste también impacta en el futuro inmediato. Proyecciones sobre el Presupuesto 2026 indican que los recursos destinados a vivienda caerían un 74% respecto de 2023, mientras que el financiamiento para agua potable y alcantarillado se reduciría cerca de un 78%.
En paralelo, más de 100.000 viviendas quedaron paralizadas tras el cierre de áreas estatales dedicadas al desarrollo territorial, lo que profundiza el déficit existente y limita las posibilidades de respuesta frente a una demanda creciente.
“El problema habitacional es más amplio que la falta de vivienda y requiere políticas diferenciadas para cada situación”, advirtió el informe técnico, que también remarca la necesidad de abordar de manera integral el acceso, la regularización y la infraestructura urbana.