Intendentes, legisladores y reforma: el debate que se viene en Provincia y puede cambiar el poder local
La discusión sobre el verdadero alcance del poder de los intendentes volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires, pero esta vez con un matiz distinto: ya no se trata solo de un reclamo histórico, sino de una disputa concreta por recursos, competencias y margen de maniobra en un contexto económico cada vez más restrictivo.
El debate se reactivó en simultáneo en ambas cámaras legislativas, con proyectos que van desde la reforma constitucional hasta la actualización de la Ley Orgánica de las Municipalidades, una norma clave que regula el funcionamiento de los 135 distritos bonaerenses y que, pese a múltiples modificaciones, mantiene su estructura original de 1958.
Uno de los ejes centrales lo impulsa el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, quien volvió a presentar una iniciativa para crear una comisión bicameral encargada de redactar una nueva Ley Orgánica de las Municipalidades.
La norma vigente define desde la organización del Ejecutivo local hasta las competencias del Concejo Deliberante, pasando por la administración económica y los mecanismos de control. Sin embargo, según advierten distintos sectores políticos, el esquema quedó desfasado frente a los cambios institucionales y sociales de las últimas décadas.
“Estamos funcionando con una ley creada en un momento donde no había democracia, en la mitad del siglo XX. Ha habido un cambio profundo social, cultural, económico y tecnológico”, sostuvo De Leo en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.
El legislador insistió en que ya no alcanza con reformas parciales: “No resiste modificaciones aisladas, requiere una transformación profunda en línea con la realidad actual de los municipios”.
El proyecto plantea la creación de una comisión integrada por 14 legisladores —mitad diputados y mitad senadores— con un plazo de un año para elaborar una nueva normativa integral. Entre sus objetivos figuran ordenar la dispersión legislativa, actualizar competencias, fortalecer la autonomía municipal y adecuar el funcionamiento de los gobiernos locales a los marcos actuales de administración financiera.
Además, la bicameral podría convocar a funcionarios provinciales, especialistas y representantes municipales para enriquecer el debate.
La autonomía como eje político transversal
El reclamo por mayor autonomía no es exclusivo de un espacio. En las últimas semanas, el radicalismo alineado con Maximiliano Abad avanzó con proyectos para reformar la Constitución provincial y garantizar autonomía política, administrativa, económica y financiera para los municipios.
En esa línea, la senadora Nerina Neumann planteó que Buenos Aires mantiene una deuda histórica desde la reforma constitucional de 1994, que incorporó el principio de autonomía municipal a nivel nacional pero nunca fue plenamente implementado en la provincia.
Por su parte, el diputado Diego Garciarena impulsa la convocatoria a una Convención Reformadora para redefinir el régimen municipal, en una estrategia que busca ampliar consensos pero también elevar el nivel del debate institucional.
Incluso desde La Libertad Avanza, el exintendente de Bahía Blanca Héctor Gay presentó un proyecto con objetivos similares: reconocer plenamente la autonomía y permitir que los municipios dicten sus propias cartas orgánicas.
Más allá de las coincidencias discursivas, el principal nudo del conflicto aparece en el plano económico. La autonomía, coinciden distintos actores, no puede pensarse sin recursos propios.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, lo sintetizó con crudeza: “Hablar de autonomía sin discutir los recursos es, en los hechos, vaciar el concepto”.
El trasfondo es estructural. La mayor parte de los recursos se concentra en la Nación y, en menor medida, en la Provincia, mientras que los municipios reciben una porción marginal.
Esa distribución condiciona la capacidad de gestión local y alimenta una dependencia que choca de frente con cualquier intento de autonomía real.
Más que una reforma: una disputa por el poder
La pandemia terminó de evidenciar una realidad que ya se venía gestando: los municipios asumieron responsabilidades crecientes en áreas como salud, seguridad, asistencia social y control territorial.
Sin embargo, ese aumento de funciones no fue acompañado por una ampliación equivalente de recursos ni de herramientas de decisión.
“Las demandas de la comunidad cambiaron y el rol de los municipios también”, planteó Gay, apoyándose en su experiencia como jefe comunal.
Para De Leo, la discusión excede lo estrictamente municipal y se inscribe en una reforma institucional más amplia: “No alcanza con un cambio de modelo de gestión. La provincia necesita una adecuación institucional profunda”.
En ese marco, sumó otros ejes al debate, como el desdoblamiento electoral, la implementación de la boleta única de papel y la revisión del sistema legislativo.
“Cuando hay elecciones concurrentes, el debate nacional absorbe todo y queda relegada la agenda local. El desdoblamiento permite evaluar mejor las alternativas en cada nivel”, explicó a GRUPOLAPROVINCIA.COM.
Aunque con matices y diferencias, hay un punto de acuerdo transversal en la dirigencia bonaerense: el régimen municipal actual quedó viejo frente a las demandas del presente.
Sin embargo, el camino hacia una reforma integral aparece atravesado por tensiones políticas, intereses territoriales y, sobre todo, por una pregunta de fondo que todavía no tiene respuesta clara: cuánto poder están dispuestos a ceder la Provincia y la Nación para fortalecer a los municipios.