Herencia, armas y ventas bajo sospecha: el expediente que finalmente sentará a una exdiputada del Frente Renovador en el banquillo

El expediente que durante años quedó atrapado entre fueros, apelaciones y decisiones cruzadas en la Justicia bonaerense vuelve a moverse: el juicio oral contra la exdiputada y exfiscal bahiense María Marta Corrado ya tiene fecha confirmada.

Será entre el 19 y el 23 de octubre en el Juzgado Correccional N° 1 de Bahía Blanca, bajo la conducción de la magistrada María Mercedes Rico, en una causa que investiga una presunta maniobra de vaciamiento de herencia iniciada tras el crimen del contador Adolfo José Luis Herro en 2005.

Corrado llega al debate imputada por el delito de estafa, en una causa que apunta a determinar si participó de un esquema destinado a “licuar” el acervo sucesorio del fallecido en perjuicio de su hijo, Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía, reconocido judicialmente como heredero en 2008. La acusación sostiene que un grupo de familiares y allegados habría acelerado operaciones patrimoniales para impedir que el entonces joven accediera a los bienes que le correspondían.

Una causa atravesada por demoras y decisiones contradictorias

El proceso judicial arrastra una historia compleja. La investigación se remonta a los meses posteriores al asesinato de Herro, ocurrido el 25 de julio de 2005 en Cariló. Según la hipótesis fiscal, en ese período se habrían concretado operaciones inmobiliarias con valores muy por debajo del mercado y en condiciones irregulares.

Entre los casos señalados figura la venta de un departamento en La Plata que, según testimonios, valía unos 280 mil dólares y se transfirió por 62 mil, y un chalet en Cariló que habría pasado de un valor estimado de 300 mil a apenas 85 mil dólares.

La figura penal aplicada —artículo 172 del Código Penal— describe un abanico amplio de maniobras defraudatorias, incluyendo simulación de operaciones y abuso de confianza. En ese marco, la fiscalía sostiene que los imputados conocían la existencia del heredero y, pese a ello, avanzaron con actos que habrían perjudicado sus derechos.

Sin embargo, el expediente tuvo un giro clave en 2022, cuando el resto de los acusados —entre ellos familiares directos de Herro— fue absuelto en un juicio oral. El fallo, dictado por el juez Gabriel Giuliani, consideró que al momento de la sucesión no existía una sentencia firme de filiación que acreditara el vínculo con Rodríguez Labastía. Esa resolución fue apelada por el fiscal del caso, Gabriel Lopazzo, quien sostuvo que el delito existió y que los imputados fueron sus autores.

Esa disputa judicial fue uno de los factores que frenó el avance del proceso contra Corrado. En octubre de 2024, el juicio que estaba previsto debió suspenderse tras un planteo de la defensa, que pidió esperar la resolución de la Suprema Corte bonaerense para evitar sentencias contradictorias. La jueza Rico hizo lugar a ese pedido con el aval de las partes, lo que volvió a postergar el debate.

El rol de Corrado y las pruebas bajo análisis

La situación de Corrado quedó desdoblada del resto de los imputados por una razón clave: sus fueros. Primero como funcionaria judicial y luego como legisladora provincial, esa condición impidió que fuera juzgada junto al resto, lo que derivó en un proceso separado que recién ahora llega a instancia oral.

Dentro del expediente, uno de los elementos que la vinculan directamente con la maniobra es la adjudicación de bienes del fallecido. Según consta en documentación judicial, en 2015 fue registrada como legítima usuaria de 21 armas de fuego que pertenecían a Herro, apenas meses después de su muerte. Ese punto, junto con otras actuaciones patrimoniales, será eje del debate.

También se investiga el circuito de transferencias de un inmueble en Cariló que habría pasado a nombre de una tía de Corrado antes de ser vendido a un tercero, en una secuencia que los investigadores consideran parte de la operatoria cuestionada.

Durante los allanamientos realizados en 2014, en la vivienda de la exdiputada en el barrio Bosque Alto se halló una colección de armas y cuchillos atribuida al patrimonio del contador asesinado.

Perfil político y defensa pública

Corrado, nacida en Bahía Blanca en 1972, construyó una carrera que combinó la función judicial con la actividad política. Fue fiscal especializada en delitos contra la integridad sexual y trata de personas, y más tarde diputada bonaerense por el Frente Renovador, donde impulsó proyectos vinculados a género y niñez. También integró listas del espacio Consenso Federal en 2019, aunque no logró acceder a una banca.

En paralelo al avance de la causa, en los últimos días volvió a quedar expuesta mediáticamente por su participación en un programa de streaming local, donde interpreta distintos personajes en formato sketch. En ese contexto, se refirió públicamente al expediente: “No soy la diputada ni la fiscal, soy María Marta. Después hay que sacarse el personaje. El juicio es de una causa que tiene 20 años y ya se determinó que no hubo delito”.

Esa afirmación choca con la situación procesal vigente: el juicio oral fue fijado y la acusación sigue en pie. La instancia que comenzará en octubre será la primera oportunidad en la que Corrado enfrente el debate de pruebas en su contra, en un expediente que sigue abierto y con apelaciones pendientes sobre decisiones clave.