Legislativas Por: Mariana Portilla07 de abril de 2026

Tierras, desalojos y poder: Sturzenegger desembarca en el Senado para defender la polémica ley de propiedad privada

El Gobierno empuja una reforma que endurece reglas sobre ocupaciones, habilita cambios en la tenencia de campos y flexibiliza normas ambientales, mientras la oposición denuncia un retroceso en derechos y advierte por sus impactos sociales y territoriales.
 
 
 
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para defender la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para defender uno de los proyectos más sensibles de la agenda del oficialismo: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La exposición se realizará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde comenzará el debate formal de la iniciativa.

El texto propone una serie de modificaciones de fondo en materia de desalojos, expropiaciones, tierras rurales y manejo del fuego. Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica y promover inversiones, mientras que la oposición anticipa fuertes cuestionamientos.

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Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a acelerar los procesos de desalojo en casos de ocupación de inmuebles. La iniciativa establece un mecanismo abreviado que permitiría la restitución más rápida de la propiedad con la sola acreditación del título, reduciendo significativamente los tiempos judiciales.

En paralelo, el texto introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones. El oficialismo propone restringir la aplicación del criterio de utilidad pública, limitando la capacidad del Estado para avanzar sobre bienes privados solo a situaciones excepcionales. Además, plantea una actualización en el esquema de indemnizaciones para los propietarios afectados.

Desde la Casa Rosada sostienen que estas medidas buscan dar previsibilidad y fortalecer el derecho de propiedad. Sin embargo, sectores opositores advierten sobre el posible impacto en las garantías procesales.

Tierras rurales y apertura a extranjeros

Otro punto clave del proyecto es la modificación de la ley de tierras rurales. La iniciativa elimina las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros, una normativa que rige desde 2011.

El Gobierno argumenta que estas limitaciones desalientan inversiones en el sector agropecuario y propone una apertura del mercado. En contraposición, desde distintos bloques opositores ya expresaron preocupación por las posibles consecuencias sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.

La propuesta también incluye cambios en la ley de Manejo del Fuego. En concreto, busca dejar sin efecto las restricciones que impedían durante años la venta o el cambio de uso de tierras afectadas por incendios.

Según el oficialismo, esas limitaciones resultan excesivas y frenan el desarrollo económico en zonas rurales. No obstante, organizaciones ambientales y dirigentes opositores advierten que la medida podría incentivar prácticas especulativas y generar riesgos para los ecosistemas.

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El Senado acelera el debate en medio de negociaciones políticas

La reunión informativa por el proyecto de propiedad privada fue convocada para este miércoles a las 16 y no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo, coordinada con bloques dialoguistas, para ordenar la agenda legislativa de la semana. El objetivo inmediato es allanar el camino hacia la apertura del recinto el jueves, en una sesión que tendrá como eje formal darles estado parlamentario a cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Gobierno.

La convocatoria a esa sesión se terminará de definir este martes a las 18.30 en una reunión de labor parlamentaria que ya llega con acuerdos previos. Allí, los jefes de bloque —con la ausencia del kirchnerismo— terminarán de cerrar el temario, luego de un encuentro clave que la oficialista Patricia Bullrich mantendrá con referentes de la oposición dialoguista. En ese esquema, el Gobierno apuesta a sostener mayorías circunstanciales sin necesidad de negociar con el núcleo duro opositor.

En paralelo, el Senado también avanzará con otros temas sensibles. Antes de la exposición de Sturzenegger, la comisión de Justicia y Asuntos Penales tratará un proyecto impulsado por la radical Carolina Losada para agravar las penas por falsa denuncia, una iniciativa que ya había tenido dictamen en 2023 pero perdió estado parlamentario.

Además, en la sesión del jueves se buscará aprobar la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá y un paquete de ascensos militares, en una jugada que combina gestión institucional con la necesidad política de mostrar actividad en el Congreso.

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