Entre el control y la autonomía: la pulseada por la policía municipal vuelve a la Legislatura
La escena se repite con matices, pero con la misma tensión de fondo: la inseguridad vuelve a escalar en la agenda pública bonaerense y empuja a la política a revisar viejas discusiones que nunca terminaron de saldarse.
Esta vez, el disparador llegó desde la propia Legislatura, donde el bloque de diputados de Fuerza Patria reactivó el debate por la creación de policías municipales con dos proyectos que, aunque comparten diagnóstico, exhiben diferencias de fondo sobre cómo enfrentar el problema.
Por un lado, el diputado Leonardo Moreno, alineado con el kicillofismo, volvió a impulsar su iniciativa de Policía Municipal de Proximidad. En paralelo, el massista Carlos Puglelli presentó su propuesta de Policías Comunales, con un diseño más robusto y mayor autonomía para los gobiernos locales.
El proyecto de Moreno plantea un modelo de descentralización moderada. La creación de la Policía Municipal quedaría habilitada para distritos de más de 70 mil habitantes, mediante convenios con el Ministerio de Seguridad bonaerense. La estructura dependería en términos administrativos y financieros de la Provincia, pero con conducción política local.
En ese equilibrio, los intendentes tendrían margen para definir estrategias preventivas y directivas operativas, incluyendo la designación del jefe policial —con aval del Concejo Deliberante—, aunque bajo un marco de coordinación provincial. El perfil de la fuerza sería claramente preventivo: patrullaje, vigilancia, intervención en conflictos vecinales y control del tránsito, sin facultades para alojar detenidos ni asumir tareas de custodia.
El diseño incorpora, además, mecanismos de control institucional como la obligación de presentar planes anuales de seguridad y la creación de Consejos Municipales de Seguridad con participación multisectorial. La apuesta es fortalecer la cercanía con el vecino sin romper el esquema centralizado del sistema bonaerense.
Del otro lado, el proyecto de Puglelli avanza un paso más allá. Su iniciativa otorga a los municipios la conducción orgánica y funcional de las Policías Comunales, con una estructura operativa propia y capacidad de intervención directa ante delitos en flagrancia.
El esquema incluye la creación de Centros de Operaciones Municipales para coordinar el despliegue territorial y establece una organización jerárquica con áreas específicas de planificación y ejecución. A diferencia del modelo de Moreno, aquí el peso político y operativo recae de lleno en el Ejecutivo local.
El texto también regula el uso de la fuerza bajo criterios de legalidad y proporcionalidad, y fija la obligación de coordinar con las fuerzas provinciales. Sin embargo, el punto clave es la autonomía: los municipios no solo prevendrían, sino que también podrían actuar en situaciones delictivas concretas.
Intendentes que presionan
Mientras la discusión avanza en la Legislatura, en los territorios la demanda ya se expresa con mayor urgencia. El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, blanqueó esa presión al anunciar su intención de crear una policía local propia, en el marco de la Rendición de Cuentas y su plan de gobierno.
Ante más de 1500 vecinos, Lanús fue directo: planteó la necesidad de que la Legislatura habilite a los municipios grandes del conurbano a contar con fuerzas propias. “Queremos hacernos cargo”, sostuvo, en una definición que resume el reclamo de varios jefes comunales.
Detrás de los proyectos y las experiencias locales subyace una discusión política más profunda. La seguridad es, por Constitución, una responsabilidad provincial, pero la presión social recae cada vez más sobre los intendentes, que son la cara visible del Estado en el territorio.
En ese contexto, la creación de policías municipales implica redefinir responsabilidades, pero también recursos y poder político. ¿Quién financia esas fuerzas? ¿Quién asume el costo de los errores? ¿Cómo se coordina con las estructuras existentes sin generar superposición o conflictos?
La reactivación del debate llega en un momento donde la inseguridad vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones sociales. Esa presión, sumada a la demanda concreta de los intendentes, podría acelerar una discusión que durante años quedó empantanada.
Sin embargo, los antecedentes muestran que no alcanza con el diagnóstico compartido. La clave estará en construir consensos sobre el modelo, algo que hasta ahora resultó esquivo. Mientras tanto, en los municipios, la tendencia es clara: avanzar con herramientas propias, incluso al límite del marco actual.