Revés judicial para Pettovello por el plan Volver al Trabajo
El Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial después de que el Juzgado Federal de Campana ordenara al Ministerio de Capital Humano mantener vigente el programa “Volver al Trabajo”, que había sido dado de baja por decisión oficial.
La medida cautelar fue dictada por el juez Adrián González Charvay luego de un amparo colectivo presentado por beneficiarios del plan, quienes denunciaron que la eliminación del programa dejaba sin ingresos a trabajadores de la economía popular sin una alternativa concreta.
El fallo que complica a Capital Humano
La resolución judicial ordenó que el ministerio que encabeza Sandra Pettovello continúe pagando la prestación mensual de $78.000 que reciben los titulares del programa hasta que exista una sentencia definitiva sobre el caso.
El magistrado fijó un plazo de tres días para que la cartera nacional cumpla con la decisión y advirtió que podrían aplicarse sanciones económicas por cada jornada de demora en caso de incumplimiento.
Qué cuestionaron los beneficiarios
Los demandantes sostuvieron que la finalización del programa fue dispuesta de manera abrupta y sin un mecanismo de reemplazo claro que garantizara la continuidad de la asistencia.
Un ingreso clave para miles de familias
En la presentación judicial, los trabajadores remarcaron que el subsidio representaba en muchos casos el único ingreso del hogar y que la decisión oficial afectaba derechos básicos vinculados con la alimentación y la inclusión laboral.
El expediente señala además que el sistema de vouchers de capacitación anunciado como reemplazo no detallaba condiciones de acceso ni alcance real para quienes quedaban afuera del programa.
Cómo nació el programa Volver al Trabajo
El programa fue creado en 2024 mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Pettovello para reemplazar al plan Potenciar Trabajo.
Su objetivo formal era promover la inserción laboral mediante cursos de formación, prácticas laborales y asistencia para proyectos productivos dentro de la economía popular.
Cuánto paga el beneficio
La asistencia contemplaba una asignación mensual no remunerativa de $78.000 destinada a personas entre 18 y 59 años que no tenían empleo formal.
Actualmente, el universo de beneficiarios alcanza a cientos de miles de personas en todo el país.
Los argumentos de la Justicia
En su resolución, el juez consideró que suspender una prestación de carácter alimentario sin una cobertura equivalente previa podía vulnerar derechos constitucionales y tratados internacionales.
El fallo también remarcó que el propio decreto de creación del programa reconocía la obligación del Estado de asistir a sectores en situación de vulnerabilidad económica.
Otro frente judicial para el Gobierno
La decisión se suma a otros fallos recientes que complicaron al Ejecutivo en áreas sensibles de política social.
Mientras el Ministerio de Capital Humano analiza cómo responder, la medida judicial deja en suspenso uno de los recortes que el Gobierno había proyectado dentro de su esquema de ajuste del gasto público.