Diputados presionan y piden juicio político a Lugones por la crisis en Discapacidad
La tensión política en el Congreso volvió a escalar con fuerza. Diputados de la oposición impulsaron un nuevo pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de crecientes cuestionamientos por la situación del área de Discapacidad.
El reclamo se consolidó durante una reunión abierta realizada en la Cámara baja, convocada por el diputado Juan Marino, que reunió a más de 150 personas entre legisladores, organizaciones sociales y familias afectadas.
La iniciativa se da en un contexto de fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei por el impacto de las políticas implementadas en tratamientos, pensiones y servicios vinculados al sector.
Denuncias por recortes y deterioro del sistema
Testimonios y advertencias
Durante el encuentro, se multiplicaron los testimonios sobre el deterioro en la atención. Se mencionaron cierres de centros de día, interrupciones de terapias, falta de medicamentos y trabas para acceder a pensiones.
“La situación es grave”, advirtió Marino, quien además lanzó una fuerte crítica al oficialismo al señalar que “la emergencia en discapacidad se profundiza día tras día”.
El legislador también cuestionó la falta de funcionamiento de la comisión específica en Diputados, lo que motivó la convocatoria a una reunión abierta para visibilizar el problema.
Casos que reflejan el conflicto
Entre los asistentes estuvo la familia de Ian Moche, un niño con trastorno del espectro autista. Su madre denunció amenazas y agresiones contra su vivienda, que, según relató, se produjeron tras una polémica en redes sociales que involucró a la diputada Lilia Lemoine.
El caso expuso el nivel de conflictividad que atraviesa el debate público en torno a la discapacidad y las políticas del Gobierno.
El foco en las pensiones y las reformas
Cambios en el régimen de invalidez
Uno de los principales puntos de conflicto es la reforma del sistema de pensiones por invalidez impulsada por el Ejecutivo. La iniciativa contempla un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga.
Quienes no completen el trámite podrían sufrir la suspensión del pago hasta regularizar su situación.
Además, el proyecto endurece los requisitos: establece que la invalidez debe ser total y permanente, y fija la incompatibilidad con cualquier tipo de empleo formal.
El argumento oficial y las críticas
Desde el Gobierno justifican la medida en el crecimiento del sistema en las últimas dos décadas y en la detección de irregularidades. Según datos oficiales, la cantidad de beneficiarios se multiplicó significativamente desde 2003.
Sin embargo, desde la oposición y las organizaciones advierten que el objetivo es reducir el universo de beneficiarios y que el impacto será un recorte en el acceso a derechos.
Cuestionamientos a la desregulación del sistema
Otro de los puntos que generó preocupación es la posible liberalización de los precios de las prestaciones en discapacidad.
Según se planteó en la reunión, esta medida podría derivar en una reducción de coberturas y en mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, especialmente en un contexto de ajuste económico.
Apoyos políticos y sociales al reclamo
El pedido de juicio político contra Lugones sumó respaldo de distintos sectores políticos y sociales. Participaron legisladores como Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Nicolás del Caño y Esteban Paulón, entre otros.
También se expresó a favor del reclamo la actriz Lola Berthet, junto a numerosas organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
En paralelo, se propuso la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad, con el objetivo de relevar y sistematizar datos sobre la situación en todo el país.