El gendarme que disparó a Pablo Grillo, al borde del juicio oral
La causa por la brutal agresión al fotoperiodista Pablo Grillo dio un paso clave en la Justicia federal. La jueza María Servini recibió este 5 de mayo de 2026 el pedido formal para elevar a juicio oral al cabo primero Héctor Guerrero, acusado de haber disparado una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del reportero durante una represión en marzo de 2025.
El episodio ocurrió en el marco de un operativo de seguridad ordenado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Cómo fue el ataque que dejó a Grillo con graves secuelas
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025 a las 17:18. Grillo se encontraba trabajando, agachado y tomando fotografías, cuando recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada a corta distancia.
El proyectil provocó una fractura encefalocraneana con pérdida de masa encefálica, dejándolo inconsciente en el acto. Fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde permaneció tres meses en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Durante más de un año, el fotoperiodista atravesó múltiples cirugías, incluyendo implantes de prótesis craneales. Recién en febrero de 2026 pudo volver a su casa, aunque continúa con tratamiento y presenta secuelas neurológicas y físicas de carácter incierto.
La acusación: uso letal de un arma “no letal”
El fiscal Eduardo Taiano sostuvo que Guerrero actuó de forma antirreglamentaria. Según la investigación, realizó seis disparos entre las 17:05 y las 17:25, todos en ángulo horizontal, cuando los protocolos indican que deben efectuarse a 45 grados para evitar impactos directos.
La acusación incluye los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de función y abuso de armas reiterado.
Peritajes y registros audiovisuales determinaron que no existía un contexto de agresión que justificara el uso de la fuerza. Aun así, el gendarme disparó directamente hacia manifestantes y contra el propio Grillo, quien no representaba ningún riesgo.
Qué sostiene la querella: Responsabilidad individual y cadena de mando
La querella, encabezada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostiene que Guerrero utilizó su arma con una intencionalidad potencialmente letal y con pleno conocimiento de sus consecuencias.
Además, exige avanzar sobre la cadena de mandos de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad. Según el planteo, las acciones y omisiones de los superiores permitieron que el accionar del gendarme se desarrollara sin control.
En esa línea, también se apunta a los responsables operativos del despliegue en la zona del Congreso y a la conducción política del operativo.
Un caso emblemático de violencia institucional
El caso Grillo se convirtió en uno de los episodios más representativos de la violencia institucional reciente en Argentina. La causa expone cómo el uso indebido de armamento considerado “menos letal” puede derivar en consecuencias extremas.
La Justicia ya había dictado el procesamiento de Guerrero en octubre de 2025, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Además, la Cámara de Casación rechazó recursos de la defensa, dejando firme su situación procesal.
Las pruebas recolectadas —incluyendo pericias técnicas y reconstrucciones audiovisuales— fueron determinantes para establecer que el disparo fue directo, deliberado y contrario a todos los protocolos vigentes.
Cómo sigue la causa
Con el pedido de elevación a juicio oral ya presentado, la definición queda ahora en manos de la jueza Servini. De avanzar, Guerrero enfrentará un proceso oral donde se analizarán en detalle las responsabilidades penales por el ataque que casi le cuesta la vida a Pablo Grillo.
En paralelo, los organismos de derechos humanos insisten en ampliar la investigación hacia los niveles superiores de decisión, en un expediente que podría escalar más allá del autor material.