La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py.
La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y apunta a reconstruir el movimiento patrimonial y tributario de la pareja, especialmente en relación con propiedades, viajes y pagos realizados desde el inicio de la gestión libertaria.
El expediente también pone bajo la lupa operaciones inmobiliarias, gastos en remodelaciones y contrataciones vinculadas a personas cercanas al funcionario.
La investigación sobre las propiedades y los pagos en efectivo
Uno de los ejes centrales de la causa está vinculado con la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.
Días atrás, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que recibió 245 mil dólares en efectivo de parte de Adorni y Angeletti por trabajos realizados en esa propiedad. Según el testimonio, los pagos se habrían efectuado sin facturación formal.
Ahora, con el levantamiento del secreto fiscal, la fiscalía podrá acceder a información tributaria de ambos ante ARBA y analizar pagos de impuestos, tasas, valuaciones fiscales, deudas y eventuales planes de regularización.
Qué buscará la fiscalía
La investigación se enfocará particularmente en los movimientos realizados entre enero de 2022 y la actualidad.
Entre otros puntos, el fiscal intentará determinar:
- Cómo fueron financiadas las propiedades del matrimonio.
- Qué pagos realizaron en el country bonaerense.
- Si los ingresos declarados coinciden con las erogaciones registradas.
- Cómo se financiaron viajes al exterior y remodelaciones.
Según fuentes judiciales, existen sospechas sobre inconsistencias entre el nivel de gastos y los ingresos percibidos por Adorni desde que asumió funciones en el Gobierno nacional.
Los muebles de Caballito y una nueva línea de investigación
En paralelo, la causa incorporó nuevos datos sobre gastos realizados en un departamento del barrio porteño de Caballito donde reside el funcionario junto a su familia.
De acuerdo con información revelada en la investigación, Adorni habría desembolsado 14 millones de pesos para renovar muebles y realizar trabajos de carpintería en el inmueble.
El mismo contratista que trabajó en la casa de Indio Cuá aseguró que coordinó tareas para el matrimonio en el semipiso de Caballito. Entre los encargos mencionó mesas de madera y mármol, muebles de rack, vajilleros, consolas y espejos.
Según declaró, esos pagos también habrían sido realizados en efectivo y sin factura.
Las deudas y las declaraciones juradas
La Justicia también analiza préstamos y deudas vinculadas a operaciones inmobiliarias. En la causa declararon testigos que afirmaron haber financiado obras de modernización del departamento antes de vendérselo a Adorni por 230 mil dólares. Según esos testimonios, el funcionario mantiene compromisos de devolución por 65 mil dólares pactados de manera informal y sin documentación escrita.
Mientras tanto, las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2025 todavía no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción. El plazo para hacerlo vence el próximo 31 de julio.
La mira sobre los vínculos con la TV Pública
La causa también avanzó sobre las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo de Adorni.
Grandio quedó bajo investigación luego de que trascendiera que su productora, ImHouse, cerró contratos con la TV Pública, organismo que depende del área de Comunicación vinculada a la Jefatura de Gabinete.
El juez Lijo ordenó revisar contactos telefónicos y comunicaciones entre Grandio, Adorni y Horacio Silva, quien figura como titular de la productora.
Los contratos bajo análisis
Semanas atrás, la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresó a la TV Pública por orden judicial para recolectar documentación sobre las contrataciones.
La investigación busca determinar si existieron posibles delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.