La Justicia cambió las reglas para choferes de Uber, Cabify y Didi
La Justicia porteña resolvió que los conductores de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi deberán cumplir las mismas obligaciones que taxis y remises para poder seguir trabajando en la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo, dictado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, obliga a los choferes a tramitar licencias profesionales, contratar seguros específicos y adaptarse a controles regulatorios similares a los que ya rigen para el servicio de taxis.
La decisión judicial llegó luego de una presentación impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal, que desde hace años reclama igualdad de condiciones frente a las plataformas digitales de transporte.
Qué cambia para los choferes de aplicaciones
La resolución marca un cambio fuerte para miles de conductores que hasta ahora operaban con licencia común y bajo un esquema regulatorio distinto al de taxis y remises.
A partir de este fallo, quienes trabajen con Uber, Cabify o DiDi deberán contar con:
- Licencia de conducir profesional.
- Seguros especiales para transporte de pasajeros.
- Cobertura para conductor, pasajeros y responsabilidad civil.
- Habilitaciones y controles equivalentes a taxis y remises.
- Adecuación a futuras regulaciones específicas que dicte la Ciudad.
Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín sostuvieron que las aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no simplemente de una plataforma tecnológica.
La Cámara apuntó contra el Gobierno porteño
En el fallo, la Justicia cuestionó además la postura que mantuvo durante años el Gobierno de la Ciudad frente a las aplicaciones.
Según la resolución, mientras oficialmente se calificaba a Uber como un servicio clandestino, al mismo tiempo se permitía publicidad en espacios públicos y no se aplicaban controles efectivos sobre la actividad.
Para los magistrados, esa situación generó una desigualdad frente a taxistas y remiseros, que sí deben afrontar costos regulatorios, habilitaciones y exigencias administrativas.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede eximir a conductores de plataformas de los controles exigidos para taxis y remises”, remarcaron los jueces.
Los nuevos impuestos y controles que analiza la Ciudad
Además de las exigencias para los conductores, la Cámara ordenó avanzar sobre otros aspectos vinculados a las plataformas digitales.
Entre ellos:
Cobro de Ingresos Brutos: La Justicia intimó al Gobierno porteño a iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a Uber, Cabify y DiDi.
Advertencias para los usuarios: También deberá implementarse una campaña informativa para alertar sobre posibles riesgos vinculados a viajes realizados por conductores sin licencia profesional o sin seguros obligatorios.
Beneficios temporales para taxistas: Mientras continúe la diferencia regulatoria, la Ciudad no podrá cobrar determinados aranceles administrativos a los taxistas relacionados con licencias y trámites de operación.
Qué dijeron Uber y Cabify tras el fallo
Desde Uber señalaron que el fallo “no modifica la forma en que opera la plataforma” y aclararon que la empresa no formó parte directa del litigio judicial.
Además, remarcaron que continúan enfocados en ofrecer “opciones de movilidad seguras y confiables” para usuarios y conductores en Argentina.
Por su parte, representantes de Cabify aseguraron que la empresa ya opera bajo requisitos vinculados al traslado de pasajeros y que actualmente sus conductores cuentan con seguros profesionales.
Sin embargo, admitieron que todavía están evaluando el alcance concreto de la resolución judicial.
El conflicto que lleva más de diez años
La disputa entre taxis y aplicaciones de transporte suma más de una década en la Ciudad de Buenos Aires.
El Sindicato de Peones de Taxis sostiene que Uber, Cabify y DiDi desarrollaron durante años una actividad con menos controles y menores costos, generando una competencia desleal frente al sistema tradicional.
La Cámara porteña tomó en cuenta incluso antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y concluyó que las plataformas digitales prestan, en los hechos, un servicio oneroso de transporte de pasajeros.
La medida seguirá vigente hasta que la Legislatura porteña sancione una regulación específica para las aplicaciones de movilidad.