La oposición busca declarar la emergencia del PAMI tras las denuncias en todo el país
La crisis en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) suma nuevos capítulos en distintas provincias y ya encendió alarmas en el Congreso. Interrupciones de prestaciones, restricciones en la atención, despidos y conflictos con médicos de cabecera forman parte de un escenario que, según dirigentes opositores y trabajadores del sector, refleja un fuerte deterioro del sistema de atención para jubilados y pensionados.
Mientras el Gobierno nacional asegura que las prestaciones “están garantizadas”, legisladores del peronismo, sectores aliados y organizaciones médicas denuncian un proceso de desfinanciamiento que impacta directamente en la calidad del servicio.
Las señales de tensión se acumulan en distintos puntos del país. En Marcos Juárez se registraron interrupciones de prestaciones; en Concordia denunciaron restricciones en la atención; en Rosario hubo despidos; y en Posadas se organizó una convocatoria de afiliados para reclamar respuestas. También hubo cuestionamientos en Puerto Madryn, donde el Concejo Deliberante avanzó con una interpelación vinculada al funcionamiento de la unidad local del organismo.
El titular del PAMI, Esteban Leguizamo, defendió la política oficial y aseguró en medios públicos que “la atención está garantizada en todos los sentidos”, tanto en la cobertura médica como en medicamentos.
Según el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el organismo cuenta este año con partidas por aproximadamente $10,17 billones, ajustadas a la normativa vigente y al Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso.
Sin embargo, distintos informes advierten sobre una caída real de los recursos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que el presupuesto representa un retroceso del 3,8% en términos reales respecto de 2023. A su vez, la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que durante el primer trimestre de 2026 las transferencias al PAMI tuvieron una baja interanual real del 41,3%.
El impacto sobre médicos y prestaciones
Uno de los focos más sensibles del conflicto apareció tras la Resolución 1107/2026, oficializada en abril, que modificó el esquema de pagos para médicos de cabecera. La medida fijó honorarios de $2.100 mensuales por afiliado y eliminó incentivos vinculados a formación de posgrado, además de dejar sin efecto pagos por consultas iniciales y seguimientos.
Según denuncian gremios médicos, la decisión implica una reducción de hasta el 52,5% de los ingresos reales de los profesionales que trabajan con afiliados del PAMI. El reclamo del sector apunta a elevar el valor per cápita al menos a $6.500.
La tensión derivó en medidas de fuerza durante abril y reavivó las críticas sobre el deterioro del sistema sanitario vinculado a jubilados. En paralelo, desde la provincia de Buenos Aires también alertaron por una caída del 28% en la distribución de medicamentos, mientras que clínicas de Neuquén, La Pampa y Chubut reportaron interrupciones en prestaciones no urgentes.
"Más de 5,4 millones de afiliados al PAMI están en riesgo por una crisis profunda: faltan medicamentos, se recortan prestaciones y el sistema se está vaciando de profesionales. La Resolución 1107/2026 redujo los ingresos de médicos de cabecera de $2,1 millones a cerca de $1,4 millones, aplicada de forma retroactiva y sin diálogo. Hoy, con costos que siguen subiendo, pretenden pagar una cápita que no alcanza para sostener la atención", advirtió el senador peronista Jorge Capitanich.
El Congreso busca avanzar con una emergencia
Frente al escenario creciente de reclamos, el bloque peronista del Senado encabezado por José Mayans reunió a representantes sindicales, profesionales de la salud y jubilados para analizar la situación del organismo.
Durante el encuentro denunciaron deudas acumuladas con médicos, clínicas y sanatorios, además del impacto generado por el cierre del Plan Remediar y las modificaciones en el esquema de pagos del PAMI.
Los senadores recordaron que el bloque Justicialista presentó un proyecto para declarar la emergencia en el INSSJP, que permanece trabado en comisiones por el oficialismo y sus aliados. La iniciativa contempla partidas extraordinarias por $500 mil millones destinadas a regularizar deudas, garantizar prestaciones y actualizar aranceles médicos de acuerdo con la inflación.
En paralelo, también crecieron cuestionamientos por la designación de dirigentes vinculados a Javier Milei y a La Libertad Avanza al frente de delegaciones del organismo en distintas provincias.
Los casos de Misiones y Río Negro quedaron especialmente bajo la lupa luego de que referentes partidarios cercanos al oficialismo asumieran funciones en filiales del PAMI durante los últimos meses.
Mientras tanto, el conflicto escala y el malestar entre afiliados, médicos y prestadores empieza a expandirse en todo el país.