Un informe encendió nuevamente las alarmas en el sistema de educación superior
Un informe sobre financiamiento universitario encendió nuevamente las alarmas en el sistema de educación superior. El documento sostiene que las Universidades Nacionales acumulan una caída presupuestaria real del 41,6% respecto de 2023 y que los salarios docentes y no docentes perdieron más de un 34% de poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
El trabajo compara los efectos de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente —insistida por el Congreso tras el veto presidencial— con el proyecto alternativo impulsado por el Gobierno nacional.
Según el análisis, la diferencia entre ambas iniciativas impacta directamente en el presupuesto de las universidades públicas y en la capacidad de recuperación salarial del sector docente y no docente.
La ley universitaria que el Gobierno todavía no aplica
La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. Tras el veto presidencial del 10 de septiembre, ambas cámaras insistieron en su aprobación el 2 de octubre y la norma quedó definitivamente sancionada.
Sin embargo, el 21 de octubre de 2025 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación bajo el argumento de que la ley no precisaba las fuentes de financiamiento necesarias para ejecutarla.
El fallo judicial contra el decreto
La situación sumó un nuevo capítulo el 23 de diciembre de 2025, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado cumplir con la ley.
Pese a esa resolución judicial, el Gobierno envió el 18 de febrero de 2026 un proyecto para modificar la normativa sancionada por el Congreso.
De acuerdo con el informe, ya pasaron 195 días desde la sanción definitiva de la ley sin que el Ejecutivo la pusiera en marcha.
Qué planteaba la ley aprobada por el Congreso
La norma insistida contemplaba una recomposición presupuestaria automática para gastos de funcionamiento universitario y una recuperación salarial atada a la inflación.
Actualización de partidas universitarias
La ley establecía incrementos para las actividades vinculadas al funcionamiento de universidades, hospitales universitarios, ciencia y técnica y extensión universitaria.
Además, proponía actualizaciones bimestrales durante todo 2025 tomando como referencia el IPC publicado por el INDEC.
Recuperación salarial docente
En materia salarial, la ley fijaba la convocatoria a una paritaria nacional destinada a recomponer la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
El informe calcula que esa actualización implicaba una recomposición del 44%.
El proyecto alternativo del Gobierno
La propuesta impulsada por el Ejecutivo reduce significativamente el alcance de la ley original.
En gastos de funcionamiento, el proyecto contempla una recomposición de $80.072 millones para hospitales universitarios y actualizaciones atadas a la inflación solo si ésta supera el 14,3% anual acumulado.
Además, excluye de la actualización automática a las partidas destinadas a extensión universitaria.
Aumentos salariales escalonados
Para salarios docentes y no docentes, el Gobierno propuso aumentos trimestricos no acumulativos del 4,1% en marzo, junio y septiembre de 2026.
En total, el incremento anual llegaría al 12,3%.
Sin embargo, el informe sostiene que la inflación proyectada para los primeros meses de 2026 ya supera ese porcentaje, por lo que la recomposición perdería efecto rápidamente.
El fuerte ajuste sobre las universidades
El documento sostiene que el presupuesto universitario sufrió un fuerte recorte desde el inicio de la gestión libertaria.
La caída real del financiamiento
Entre 2023 y 2025, el presupuesto de las Universidades Nacionales cayó un 32,5% en términos reales.
Tomando la proyección inflacionaria hasta diciembre de 2026, la reducción acumulada alcanza el 41,6% frente a 2023.
Según el informe, si se hubiera aplicado plenamente la Ley 27.795, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026, prácticamente recuperando el nivel previo al ajuste.
En cambio, con el proyecto oficial, el presupuesto llegaría a $5,51 billones y seguiría 33,9% por debajo del nivel de 2023.
Salarios debajo de la línea de pobreza
Uno de los datos más críticos del informe está vinculado a los ingresos docentes y no docentes.
La Canasta Básica Total para un hogar tipo 2 alcanzó en marzo de 2026 los $1.434.464.
Qué cargos superan la línea de pobreza
Entre los docentes universitarios, solamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.555.834.
En el caso del personal no docente, solo los cargos de niveles 1 y 2 quedan por encima de la línea de pobreza.
El resto de los escalafones docentes y no docentes no logra cubrir el costo de la Canasta Básica Total.
La situación de los cargos simples y semi exclusivos
La situación más delicada alcanza a los docentes con dedicación simple y semi exclusiva.
De acuerdo con el informe, incluso tomando la Canasta Básica Alimentaria —que en marzo de 2026 fue de $658.011— gran parte de esos cargos permanece por debajo de la línea de indigencia.
La pérdida salarial acumulada
El estudio detalla que la mayor caída del salario real se produjo entre diciembre de 2023 y julio de 2024.
En ese período, la inflación acumulada llegó al 134,6%, mientras que los salarios aumentaron 80,4%.
Más de 50% de pérdida frente a 2015
El informe toma como ejemplo el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva y sin antigüedad.
En noviembre de 2015 ese ingreso equivalía a $1.187.482 a valores actuales. Para abril de 2026 cayó a $584.413, lo que representa una pérdida del 50,8% del poder adquisitivo.
Según el análisis, si se hubiera aplicado la ley aprobada por el Congreso, esa caída se habría reducido significativamente.
En cambio, bajo el esquema propuesto por el Gobierno, el deterioro salarial seguiría profundizándose durante 2026.