“Desfinanciamiento y vaciamiento”: Magario cuestionó la política universitaria de Milei
La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la situación que atraviesan las universidades nacionales y acusó a la administración libertaria de llevar adelante un “plan sistemático de desfinanciamiento, vaciamiento y destrucción de la educación pública”.
A través de un mensaje público, Magario cuestionó especialmente el recorte presupuestario sobre las casas de estudio superiores y advirtió sobre las consecuencias que el ajuste tiene en docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.
“Milei está llevando adelante un plan sistemático de desfinanciamiento, vaciamiento y destrucción de la educación pública. Especialmente de las universidades nacionales”, expresó la dirigente bonaerense.
La caída del presupuesto y los salarios
En su publicación, Magario sostuvo que entre 2023 y 2026 las universidades nacionales sufrieron una reducción del 45,6% en sus presupuestos.
Además, aseguró que “el salario docente cayó un 32%” y remarcó que el Gobierno nacional paralizó 119 obras de infraestructura universitaria en todo el país, de las cuales 38 corresponden a la provincia de Buenos Aires.
La vicegobernadora también defendió la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó que el Ejecutivo nacional garantice su cumplimiento.
“La ley de Financiamiento Universitario ya fue aprobada democráticamente y es obligatorio que el Gobierno Nacional la ejecute”, afirmó.
En ese sentido, advirtió sobre el impacto que el ajuste tiene sobre toda la comunidad educativa.
“Docentes, no docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general están sufriendo las consecuencias de un ajuste en detrimento de las oportunidades de formarse para construir un mejor futuro a millones de jóvenes”, sostuvo.
El posicionamiento de la Provincia
Magario también buscó diferenciar la postura del gobierno bonaerense respecto de las políticas impulsadas por la Casa Rosada.
“En la Provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que el camino es otro: financiando y valorando la educación pública para fortalecer un modelo de país próspero, con más igualdad de oportunidades”, señaló.
Las declaraciones de la vicegobernadora se dieron en medio de una fuerte discusión nacional por el financiamiento de las universidades públicas y luego de la difusión de distintos informes que advierten sobre el deterioro presupuestario y salarial en el sistema universitario.
El informe del CEPA y la crisis universitaria
Uno de esos trabajos fue elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó el impacto de la Ley 27.795 y el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificarla.
El informe advierte sobre la profundidad de la crisis que atraviesan las universidades públicas nacionales y pone el foco en la pérdida salarial de docentes y no docentes.
Según el estudio, el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios cayó un 34,2% acumulado hasta abril de 2026 desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno.
Además, señala que el esquema de aumentos propuesto por el Ejecutivo —tres cuotas de 4,1%, equivalentes a un 12,3% anual— quedaría muy por debajo de una inflación proyectada del 23,6% hacia septiembre.
El CEPA también remarcó que, de haberse aplicado plenamente la ley ratificada por el Congreso, los salarios universitarios habrían recuperado casi toda la pérdida acumulada desde noviembre de 2023.
Salarios por debajo de la canasta básica
El trabajo difundido por el CEPA expuso además la situación crítica de numerosos trabajadores docentes.
De acuerdo al informe, a marzo de 2026 la Canasta Básica Total alcanzó los $1.434.464 y solamente los docentes titulares con dedicación exclusiva lograban superar ese umbral.
En el caso de quienes cuentan con dedicación simple, la situación es todavía más delicada: la mayoría de los salarios básicos se ubicaría incluso por debajo de la Canasta Básica Alimentaria, fijada en $658.011.
El conflicto por la ley y el presupuesto universitario
La discusión también incluye un fuerte conflicto político y judicial alrededor de la Ley 27.795.
La norma fue sancionada en agosto de 2025, vetada posteriormente por el Poder Ejecutivo y ratificada luego por ambas cámaras del Congreso en octubre del mismo año.
Más tarde, la Justicia ordenó su cumplimiento tras un decreto que suspendía su aplicación. Sin embargo, en febrero de 2026 el Gobierno nacional envió un nuevo proyecto de ley para modificarla.
Mientras tanto, el informe del CEPA sostiene que entre 2023 y 2025 la caída del presupuesto universitario fue del 32,5% en términos reales.
Además, advierte que, si se mantiene el presupuesto vigente para 2026, la reducción acumulada respecto a 2023 podría llegar al 41,6%.