Política Por: Pamela Orellana22 de mayo de 2026

Buenos Aires aporta, Milei recorta y los intendentes ya hablan de patear el tablero de la coparticipación

Con empleo registrado en caída, salarios golpeados y fondos nacionales retenidos, crece la presión para revisar un reparto que deja a la Provincia con menos recursos justo cuando más demanda social recibe.
Kicillof junto a intendentes en la Gobernación.

La discusión por la coparticipación federal volvió a tomar temperatura en la provincia de Buenos Aires, empujada por el ajuste de Javier Milei, la caída de fondos nacionales y el deterioro de las cuentas municipales.

En el distrito que concentra el 38% de la población del país, varios intendentes empezaron a plantear que el esquema actual ya no cierra y que la Provincia debería discutir en serio si puede seguir aportando mucho más de lo que recibe.

El planteo más fuerte lo hizo el intendente de La Plata, Julio Alak, quien advirtió que la situación financiera bonaerense se volvió insostenible. “Va a llegar el día en que los 135 intendentes vamos a ir a golpear la puerta de la Legislatura para decirles que Buenos Aires no da más y que no va a seguir dentro de este esquema de coparticipación federal”, sostuvo.

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La frase no apareció en el vacío. Antes, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires abandone el régimen de coparticipación.

Ambos jefes comunales figuran entre los nombres que circulan dentro del peronismo bonaerense como posibles candidatos a gobernador, pero el debate excede la rosca electoral: cruza de lleno la discusión por el financiamiento del Estado provincial y de los municipios.

El reclamo de los municipios

En la misma línea, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, planteó la necesidad de “rediscutir” el federalismo y avanzar hacia una “coparticipación inversa”, es decir, un esquema en el que los municipios tengan mayor capacidad de recaudar y desde allí se transfieran porcentajes a la Provincia y a la Nación.

“La coparticipación debería ser inversa, como en otros países”, sostuvo Garate en declaraciones a la prensa. El jefe comunal argumentó que los municipios tienen cada vez más responsabilidades y competencias, mientras el Estado nacional aporta menos recursos y mantiene la mayor parte de la recaudación.

“Si la Nación quiere tener menos funciones y aportar menos, no puede llevarse la mayor parte de lo que se recauda”, afirmó. Y agregó: “Es momento de rediscutir el federalismo”.

Garate también remarcó que las comunas son el primer mostrador del Estado frente a los vecinos y que necesitan herramientas para dar respuestas inmediatas. “Los municipios debieran tener herramientas y recursos para dar respuestas inmediatas a los vecinos, porque en definitiva somos el primer eslabón donde nuestros vecinos recurren”, señaló.

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La discusión se da en medio de una caída de recursos que ya impacta en la gestión diaria. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, fue directo: “Está al límite la Provincia y estamos al límite nosotros, porque acá el factor más importante de todo esto es la caída de la actividad económica”.

Stadnik también apuntó contra el esquema nacional de distribución. “Está todo muy bien direccionado para perjudicar a las provincias, y sobre todo se han ensañado con la provincia de Buenos Aires”, sostuvo. Y remató: “Los bonaerenses no podemos seguir financiando rutas en otras provincias, puentes, estadios de fútbol, circuitos de autos, autopistas”.

Fondos en caída y cuentas ajustadas

Los números explican por qué el debate volvió al centro de la escena. Según el Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires del CEPA, los recursos recibidos por coparticipación cayeron un 4% real durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

Informe del CEPA

A ese recorte se suma la interrupción de transferencias nacionales. El gobierno de Axel Kicillof tiene presentados ocho recursos ante la Corte Suprema por fondos que la Nación dejó de girar. Además, si el Senado aprueba los cambios al régimen tarifario de zonas frías que ya tuvieron media sanción en Diputados, 94 municipios bonaerenses perderán subsidios que hoy alcanzan a 1.240.000 hogares.

El deterioro también se refleja en los giros a las comunas. Un informe de la consultora PPA mostró que las transferencias automáticas enviadas por la Provincia a los 135 distritos durante el primer trimestre de 2026 tuvieron el peor registro desde 2020, con una caída interanual real del 3,8%.

Entre enero y marzo, la Provincia transfirió $1,33 billones a los municipios. Pero la inflación licuó esos fondos: los giros crecieron 21,7% nominal, contra una inflación acumulada del 32,6%. Solo en marzo, la coparticipación bruta cayó 18,6% en términos reales, una merma equivalente a $69.389 millones.

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Desde Benito Juárez, el intendente Julio Marini también expresó su malestar por el manejo de los recursos nacionales. “Estamos en una situación muy complicada, y yo me pregunto: ¿qué hace el Gobierno nacional con el dinero que recauda? ¿En qué lo distribuye? ¿A quién se lo da?”, planteó.

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, cuestionó la paralización de la obra pública y la retención de fondos nacionales. “El gobierno nacional sigue cobrando los impuestos y no devuelve ninguno, se queda con todo”, afirmó. Y agregó: “El país va a sufrir porque parar prácticamente toda la obra pública significa retroceder en el tiempo con la infraestructura”.

El ajuste bonaerense

El trasfondo económico agrava el escenario. Según el informe del CEPA, hasta febrero se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses. Uno de cada tres empleos destruidos en el país correspondió a la provincia de Buenos Aires, mientras la desocupación trepó al 9,5%, dos puntos por encima del promedio nacional.

Informe del CEPA

La inflación acumulada en el Gran Buenos Aires entre diciembre de 2023 y abril de 2026 fue del 310,2%, siete puntos por encima del promedio nacional. El transporte acumuló un incremento del 385% y, para quienes cobran el salario mínimo, ese gasto pasó de representar el 4,5% del ingreso al 30,7%.

En ese contexto, el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, describió el impacto social del ajuste. “La gente está restringiendo sus patrones de consumo, estamos en el piso de consumo de carne, de leche. No estamos pasando por un buen momento”, sostuvo.

Y cerró: “Los municipios somos el primer escritorio del Estado: podemos tomar un contacto directo con lo que le está pasando a la gente y eso pareciera ser muy lejano al gobierno nacional”.

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