Senado caliente: polémica por los octógonos y disputa por jueces federales
El Gobierno nacional abrió un nuevo frente legislativo al enviar al Senado un proyecto para derogar por completo la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, oficialmente denominada Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, generó cautela incluso entre bloques dialoguistas que suelen acompañar al oficialismo.
En la Cámara alta reconocen que, por ahora, no existe urgencia para avanzar con el tema. “No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”, confiaron desde una bancada aliada. Desde otro espacio señalaron: “Hay otras iniciativas pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”.
La discusión aparece en medio de otras negociaciones complejas dentro del Senado, como la reforma política y distintos proyectos impulsados por el Ejecutivo que todavía no logran consenso.
Los argumentos de la Casa Rosada
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno cuestionó el actual sistema de advertencias nutricionales al considerar que coloca en un mismo plano alimentos con perfiles muy diferentes.
Según el texto enviado por la Casa Rosada, existen situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.
El Ejecutivo también sostuvo que “la estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos, reduciendo los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”.
Otro de los puntos que remarcó La Libertad Avanza está relacionado con las restricciones publicitarias y comerciales que impone la normativa actual. Según el mensaje oficial, las limitaciones sobre publicidad, comunicación comercial y elementos gráficos en envases “implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”.
En ese sentido, el oficialismo planteó que toda regulación debe respetar “criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, y evaluar mecanismos alternativos que permitan alcanzar objetivos de salud pública sin afectar el desarrollo de actividades productivas y comerciales.
El impacto sobre las pymes, uno de los ejes centrales
Uno de los argumentos más fuertes del Ejecutivo se centra en las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno afirmó que las actuales “asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados”.
Entre esos costos mencionaron el rediseño de envases, la adecuación de líneas productivas, la administración de stocks y la adaptación de procesos de producción y comercialización.
“Tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”, sostiene el texto.
La Casa Rosada concluyó que la derogación apunta a reducir “sobrecostos e ineficiencias vinculadas a producción, comercialización, publicidad y empaquetado de alimentos”, con el objetivo de promover “un entorno más competitivo, innovador y armonizable regionalmente”.
Mientras tanto, se espera que el proyecto sea girado a comisiones en las próximas horas.
El Senado postergó la sesión y se prepara para debatir más de 70 pliegos judiciales
En paralelo a la discusión por el etiquetado frontal, el Senado decidió postergar hasta el próximo 4 de junio la sesión prevista para esta semana. El objetivo será ordenar una agenda atravesada por definiciones judiciales y negociaciones internas dentro del oficialismo.
La Libertad Avanza consiguió dictamen para más de 70 pliegos destinados a cubrir cargos de jueces y fiscales federales en distintos puntos del país. Sin embargo, varios de esos nombres generan resistencias incluso dentro de sectores aliados.
La senadora Patricia Bullrich, quien conduce el bloque libertario, trasladó a la Casa Rosada objeciones sobre algunos postulantes.
Los candidatos cuestionados
Uno de los casos más sensibles es el de Pablo Matkovic, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén. En 2017 denunció a Patricia Bullrich por los allanamientos realizados a la comunidad mapuche de Campo Maripe, en Vaca Muerta, cuando se desempeñaba como defensor federal.
Otro nombre resistido es el de Juan Manuel Mejuto, postulado para integrar como juez de Cámara el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal. Desde el oficialismo, sectores de la UCR y el PRO cuestionan sus supuestos vínculos con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Durante su audiencia pública en el Senado, Mejuto rechazó esas acusaciones.
También siguen sin superar el filtro de la Comisión de Acuerdos, encabezada por el senador riojano Juan Carlos Pagotto, los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Las dudas giran alrededor de presuntos vínculos con las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellas su presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Ambos son investigados en el fuero Penal Económico por una presunta evasión agravada y una causa vinculada al uso de facturas falsas iniciada tras una denuncia del organismo recaudador ARCA.
El caso $LIBRA también atraviesa la discusión
Otra de las postulaciones frenadas por el oficialismo es la de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.
Según trascendió desde el oficialismo, uno de los principales reparos es su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, expediente que involucra al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En cambio, para Carlos Cuesta, postulante al mismo tribunal, el Gobierno no manifestó objeciones y su dictamen ya fue firmado.
Hijos de jueces, vínculos políticos y nuevas cámaras federales
Entre los más de 70 candidatos aparece también Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Fue nominado para ocupar un cargo como vocal en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.
Pese a no haber obtenido las mejores calificaciones técnicas, su postulación fue avalada por el Consejo de la Magistratura. Durante su exposición sostuvo: “Mi compromiso y mi desafío, en caso de acceder al cargo, es poner empeño para que la Justicia responda en tiempo oportuno, con la claridad suficiente y que el justiciable tenga resuelto el caso de la mejor manera”.
La lista de postulantes también incluye a Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo.
Además, figura Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham y esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga, entre otros expedientes, el caso $LIBRA.
“La impugnación no se hace por un cuestionamiento relativo a mi idoneidad ni tampoco a mi moral, ética o trayectoria, sino por mi vida privada y mi vínculo conyugal con otro magistrado que, casualmente, está a cargo del juzgado donde se investiga la causa $LIBRA”, afirmó durante su presentación ante los senadores.
Reformas judiciales y reunión política en Casa Rosada
El Senado también dejó listos para llegar al recinto proyectos vinculados con la creación y reforma de cámaras federales.
Uno de ellos, impulsado por el senador Maximiliano Abad, propone crear una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
La otra iniciativa busca reformar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y unifica propuestas de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
Todos estos temas integrarán el temario que La Libertad Avanza intentará llevar al recinto el próximo 4 de junio. A eso se sumará el proyecto de propiedad privada impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Antes de esa fecha, este martes habrá una nueva reunión de la mesa política encabezada por Manuel Adorni, donde el oficialismo buscará ordenar estrategias y destrabar conflictos internos.