"La Zona Fría no se toca": el tarifazo de Milei que inquieta a 94 municipios y reagrupa fuerzas en el interior bonaerense
La resistencia contra la modificación del régimen de Zona Fría entró en una nueva etapa. Mientras el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei espera su tratamiento en el Senado tras obtener media sanción en Diputados, intendentes, legisladores, concejales, sindicatos y organizaciones sociales comenzaron a coordinar acciones para intentar frenar una iniciativa que, según denuncian, dejaría sin subsidios a millones de usuarios y provocaría fuertes aumentos en las facturas de gas en pleno invierno.
La principal novedad es la organización de un "frazadazo" frente al Congreso de la Nación el día en que la Cámara alta debata el proyecto. La protesta fue acordada durante una reunión realizada en Villa Gesell, donde dirigentes de la Quinta Sección Electoral definieron una estrategia común que incluye movilizaciones, campañas de firmas, declaraciones institucionales y gestiones ante senadores nacionales.
El eje central del conflicto es el impacto económico que podría generar la modificación del esquema vigente. De acuerdo con estimaciones difundidas por dirigentes bonaerenses y funcionarios provinciales, la iniciativa dejaría afuera a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires sobre un total de 135 distritos.
La diputada nacional Jimena López aseguró que alrededor de 1,3 millones de hogares bonaerenses podrían perder el beneficio. Traducido en población, distintas estimaciones elevan el alcance a cerca de cinco millones de personas.
La legisladora sostuvo que los aumentos podrían ser significativos para usuarios que hoy cuentan con descuentos del 30% o del 50% sobre la tarifa de gas. Según los cálculos que expuso durante los encuentros con intendentes, una factura que actualmente ronda los 70 mil pesos podría superar los 100 mil pesos durante los meses de mayor consumo.
El planteo de la Provincia
Desde el gobierno bonaerense también cuestionaron el proyecto. El subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni, afirmó que la propuesta implica volver al esquema anterior a la ampliación de 2021, cuando el beneficio alcanzaba principalmente a la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe.
Según explicó el funcionario, de aprobarse la iniciativa solamente quedaría contemplado el distrito de Carmen de Patagones dentro de Buenos Aires, mientras que el resto de los municipios incorporados durante la ampliación perderían el beneficio.
Ghioni advirtió además que usuarios que actualmente reciben descuentos del 50% podrían terminar pagando el doble por el servicio.
La discusión dejó de limitarse a los ámbitos legislativos y comenzó a trasladarse a los territorios. En Castelli, el Concejo Deliberante aprobó un repudio a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles fue un paso más allá y anticipó que podría recurrir a la Justicia si finalmente avanza la quita de subsidios.
Mientras tanto, en Tandil, Alberti, Bragado y otros municipios comenzaron campañas de recolección de firmas que serán elevadas al Senado. La iniciativa busca mostrar el alcance territorial del rechazo y acercar a los legisladores nacionales el reclamo de los usuarios afectados.
En paralelo, uno de los aspectos que más llamó la atención en las últimas semanas es la amplitud de los sectores que cuestionan la medida.
El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires emitió un documento en el que advirtió que el ajuste "no puede llegar también a la calefacción de los bonaerenses", mientras que legisladores provinciales de distintos espacios políticos expresaron reparos sobre el proyecto.
También comenzaron a involucrarse organizaciones sociales. En Mar del Plata, Libres del Sur manifestó su apoyo al "frazadazo" convocado por vecinos de la ciudad y alertó que la eliminación del régimen podría traducirse en incrementos de hasta el 100% en las boletas de gas.
Más allá de la cuestión tarifaria, la disputa por la Zona Fría se transformó en un nuevo frente de conflicto entre la Casa Rosada y buena parte de los municipios bonaerenses.
Los intendentes sostienen que el régimen reconoce condiciones climáticas y geográficas específicas de amplias regiones del país y que su eliminación profundizaría problemas ya existentes, como la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la morosidad en los servicios públicos.
Con el invierno ya instalado y el Senado como próximo escenario de debate, el peronismo bonaerense busca convertir la defensa del beneficio en una bandera común. El "frazadazo", las campañas de firmas y la posibilidad de futuras presentaciones judiciales forman parte de una estrategia que recién comienza y que promete intensificarse a medida que avance el tratamiento legislativo del proyecto.