La cifra que complica al Gobierno: 1.120 créditos salpican a funcionarios
El escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei sumó un dato que amplía el foco de la investigación. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, la entidad otorgó 1.120 préstamos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP), sobre un total de 25.391 operaciones.
La cifra surge de información oficial obtenida por Ámbito a través de un pedido de acceso a la información pública y permite dimensionar por primera vez el volumen de una operatoria que, hasta ahora, había quedado concentrada en nombres propios del gabinete, asesores del área económica, legisladores y dirigentes vinculados al oficialismo.
En números concretos, los créditos destinados a PEP representaron cerca del 4,4% del total. Dicho de otro modo: uno de cada 23 préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación en ese período fue para personas alcanzadas por una categoría especial de control del sistema financiero.
El dato que agranda la polémica
La categoría de Persona Expuesta Políticamente no es una etiqueta periodística ni una interpretación política. Está regulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y comprende a funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas directamente a cargos públicos relevantes.
Ese universo incluye integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos de jerarquía. También puede alcanzar a familiares y allegados, según los criterios establecidos por la normativa vigente.
El punto sensible es que la clasificación PEP exige controles reforzados por parte de las entidades financieras, especialmente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso, el dato de los 1.120 créditos no solo expone una cantidad elevada de beneficiarios, sino que también abre interrogantes sobre los mecanismos de aprobación, evaluación y seguimiento de esas operaciones.
Además, la cifra podría no abarcar a todos los funcionarios o dirigentes vinculados a la administración pública. Según la normativa, algunos cargos relevantes —como subsecretarios nacionales o determinados directivos de empresas públicas y sociedades con participación estatal— pueden quedar fuera del universo PEP.
Los nombres que quedaron bajo la lupa
La polémica había estallado cuando se conocieron casos de funcionarios y dirigentes oficialistas que accedieron a créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación. La información surgió a partir de datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por el sitio “¿Cuánto Deben?”, creado por el especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky.
Entre los casos más resonantes aparecen el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un préstamo de $367 millones; el asesor del Ministerio de Economía y director del BICE, Felipe Núñez, con $373 millones; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe, con $510 millones; y Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, con $420 millones.
También quedó bajo la lupa el entorno de los Menem. Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados y community manager de Martín Menem, y su hermana Nazarena Menem habrían accedido en conjunto a casi $600 millones en créditos hipotecarios.
La aparición de estos nombres instaló una pregunta de fuerte impacto político: si los préstamos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que al resto de los clientes o si existieron criterios diferenciales para funcionarios y personas vinculadas al poder.
La defensa del Gobierno
Tras la difusión de los casos, algunos de los funcionarios señalados salieron a defender públicamente la operatoria. Felipe Núñez sostuvo que no hubo ninguna irregularidad y rechazó las acusaciones de privilegio.
“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, afirmó en un canal de streaming.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también buscó minimizar el impacto del caso. Según planteó, el Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos y menos del 0,2% correspondió a personas vinculadas al Gobierno.
Pero esa explicación dejó un flanco abierto. “Personas vinculadas al Gobierno” no es una categoría financiera regulada. Las Personas Expuestas Políticamente sí lo son. Y, de acuerdo con la información oficial, los créditos otorgados a PEP fueron 1.120 sobre 25.391 operaciones, lo que representa alrededor del 4,4% del total.
La modificación en la línea “+Hogares”
Otro punto clave del caso es el cambio normativo introducido durante la gestión libertaria. En septiembre de 2024, el Banco Nación modificó la Resolución 802 de la línea hipotecaria “+Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”.
La versión anterior de la normativa estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia o contratados del sector público nacional, provincial y universitario, pero no contenía esa referencia específica a cargos políticos.
Esa modificación quedó en el centro de las críticas opositoras. Para quienes impulsan la investigación, el cambio podría haber abierto una puerta para que funcionarios designados políticamente accedieran a préstamos en condiciones que ahora deberán ser revisadas por la Justicia.
Desde el Banco Nación, en tanto, se defendió la operatoria y se sostuvo que los créditos fueron aprobados bajo criterios generales, sin excepciones ni beneficios especiales para los solicitantes.
La causa judicial
La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza. El expediente quedó bajo la órbita de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, luego de una disputa de competencia entre juzgados federales.
En paralelo, el juez Ariel Lijo había ordenado medidas de prueba y pidió un informe amplio a la Auditoría General de la Nación para revisar el otorgamiento de préstamos hipotecarios del Banco Nación durante el período bajo análisis.
La investigación deberá determinar si hubo irregularidades administrativas, eventuales beneficios indebidos, conflictos de interés o incumplimientos en los controles exigidos para Personas Expuestas Políticamente.
Por ahora, los datos oficiales ya permiten establecer una dimensión concreta del caso: detrás de los nombres que habían trascendido en las últimas semanas existe un universo mucho más amplio, compuesto por al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a personas alcanzadas por controles reforzados del sistema financiero.