El sector pyme cruza al FMI y advierte por cierres, despidos y ahogo

La tensión entre el Fondo Monetario Internacional y el sector productivo argentino volvió a escalar. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó la reforma tributaria sugerida por el organismo y la calificó como “regresiva”, al advertir que el peso de los cambios recaería sobre asalariados, pequeños contribuyentes y el consumo interno.

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El planteo se da en un escenario cada vez más delicado para las pymes. Mientras el Gobierno nacional exhibe como logros la estabilidad de los dólares financieros y la baja del riesgo país, las entidades empresarias advierten que la economía real sigue sin reaccionar: caen las ventas, se encarece la producción, falta crédito y se multiplican los problemas de liquidez.

Según el diagnóstico del sector, la cantidad de concursos preventivos de acreedores —una instancia previa a la quiebra— aumentó 130% por la falta de financiamiento y el ahogo operativo que atraviesan comercios, industrias y pequeñas empresas.

El rechazo de CAME a la receta del Fondo

La reforma tributaria impulsada por el FMI incluye tres puntos sensibles: ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, extender el IVA a bienes y servicios hoy exentos y modificar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías.

Para CAME, ese combo pega de lleno en el bolsillo y en el mercado interno. La entidad sostuvo que las propuestas “recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico” y advirtió que reducirían el poder adquisitivo de los trabajadores, además de encarecer la formalidad para los sectores de menores ingresos.

En un documento titulado “La reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI”, la organización empresaria cuestionó que el organismo internacional no avance sobre los tributos que, según las pymes, frenan la inversión, la producción y la generación de empleo formal.

El reclamo por un nuevo consenso fiscal

Frente a ese escenario, CAME pidió convocar de manera urgente a un “nuevo consenso fiscal” entre Nación, provincias y municipios. El objetivo, según la entidad, no debería limitarse a una baja nominal de alícuotas, sino a establecer reglas permanentes para todo el país.

La organización apuntó especialmente contra Ingresos Brutos y las tasas municipales, a las que considera dos de los principales problemas para la actividad productiva. En el caso de Ingresos Brutos, advirtió que funciona como un impuesto en cascada: se acumula en cada etapa de la cadena productiva y termina impactando en costos y precios.

También cuestionó los sistemas de retenciones y percepciones que generan saldos a favor de las empresas. Según CAME, esos saldos muchas veces superan lo que el contribuyente puede absorber mes a mes, lo que implica que el Estado retiene capital de trabajo que las pymes necesitan para producir, pagar sueldos o sostener operaciones.

Los puntos que propone CAME

La entidad planteó una reforma alternativa con varios ejes: racionalizar Ingresos Brutos para que se aplique solo en la venta final al consumidor, limitar las alícuotas de retención y percepción, indexar automáticamente los saldos a favor por CER desde el día 31, armonizar reglas tributarias en todo el país y fijar un plazo máximo de 90 días para las devoluciones.

Además, propuso fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral como organismo fiscalizador y avanzar en un control más estricto sobre las tasas municipales, especialmente aquellas que —según denuncian las pymes— no tienen una contraprestación verificable en servicios.

Cierres de empresas y pérdida de empleo

El panorama productivo suma números que inquietan al sector. Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que desde diciembre de 2023 cerraron definitivamente 24.978 empresas aportantes y se perdieron 364.554 puestos de trabajo asalariados.

La industria manufacturera aparece como uno de los rubros más golpeados, con casi 50.000 empleos directos menos. Para IPA, el problema no es solo coyuntural: la entidad sostiene que el actual esquema económico favorece a sectores primarios y extractivos, pero deja afuera a las actividades que más empleo generan en el entramado productivo nacional.

“Estamos ante un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del mercado interno y la aniquilación de las pymes”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El dirigente también cuestionó el rebote de la actividad que destaca el Gobierno. Según planteó, ese crecimiento no derrama sobre la economía real porque está concentrado en sectores que no generan empleo masivo. “Mientras tanto, las fábricas y los comercios siguen bajando las persianas todos los días”, alertó.

El propio FMI reconoció una recuperación desigual

En el Staff Report correspondiente a la segunda revisión del programa Extended Fund Facility, el FMI reconoció que la recuperación argentina fue desigual. El organismo señaló que los sectores más intensivos en mano de obra, como la construcción y la industria manufacturera, quedaron rezagados frente al dinamismo de actividades primarias como energía, minería y agricultura, además del sector financiero.

El informe también advirtió que la economía y la creación de empleo perdieron fuerza desde mediados de 2025, en un contexto marcado por incertidumbre política y mayores dificultades para acceder al crédito. En ese marco, la desocupación trepó al 7,5% hacia fines de año, con más informalidad laboral y salarios con menor capacidad de ganarle a la inflación.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el reporte del Fondo apuntó en la misma dirección: los sectores que aparecen como ganadores del modelo explican apenas el 9,2% del empleo registrado privado.

El consumo y el crédito, bajo presión

La crisis del sector pyme también se explica por el deterioro del consumo. Las entidades advierten que la caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el encarecimiento de los costos en pesos golpean a comercios e industrias que dependen del mercado interno.

A eso se suma un tipo de cambio oficial prácticamente inmóvil, que encarece en dólares la producción local y reduce competitividad para exportar. En paralelo, el acceso al crédito se volvió más restrictivo y caro, justo cuando muchas empresas necesitan financiamiento para sostener capital de trabajo.

El consumo masivo tampoco ayuda. En supermercados, las ventas cayeron más de 3% en términos reales y cerca del 60% de las compras se financiaron con tarjeta de crédito, una señal clara de que los hogares estiran recursos para llegar a fin de mes.

La advertencia por el futuro de la economía real

Las entidades pymes advierten que, si se interrumpe el flujo de divisas, el Gobierno podría verse obligado a endurecer nuevamente las restricciones cambiarias. Esa situación complicaría aún más el acceso a insumos básicos para producir y pondría más presión sobre fábricas y comercios.

El mensaje del sector apunta al corazón del debate económico: la estabilidad financiera, por sí sola, no alcanza si no se reactiva la producción, el consumo y el empleo.

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“De nada sirve tener orden fiscal si las persianas de las fábricas y los comercios se siguen bajando todos los días”, remarcaron desde IPA.