Fondos para intendentes: la suspensión de la Comisión de Presupuesto profundiza la incertidumbre en los municipios
La discusión parecía encaminada. La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense tenía previsto reunirse este miércoles para oficializar su integración y avanzar sobre un tema que mantiene en vilo a los intendentes de todos los signos políticos: la libre disponibilidad de los recursos contemplados en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). Sin embargo, la cita terminó suspendida a último momento y dejó al descubierto una puja política mucho más profunda que una simple discusión administrativa.
La controversia involucra al oficialismo, a la oposición y también a los propios municipios, que reclaman mayor autonomía financiera en medio de un escenario marcado por la caída de recursos y la presión que representa el próximo pago de aguinaldos.
La reunión estaba convocada para las 14 horas, pero al momento de iniciar apenas habían llegado los diputados Francisco Adorni, Silvina Vaccarezza y Gustavo Cuervo. Minutos después, desde la Cámara baja confirmaron la suspensión y reprogramaron el encuentro para este jueves.
El proyecto que iba a concentrar la discusión pertenece al presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. La iniciativa propone que los municipios puedan disponer libremente del 100% de los recursos contemplados en el fondo creado por la ley de financiamiento sancionada a fines de 2025.
Actualmente, el esquema vigente establece que el 70% de esos recursos se distribuya automáticamente mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quede vinculado a programas específicos relacionados con infraestructura, transporte y cultura.
El planteo de Garciarena incorpora una modificación adicional que terminó convirtiéndose en el principal foco de conflicto: otorgarle a la comisión bicameral creada por la propia ley la facultad de autorizar los desembolsos a cada municipio.
Allí apareció la resistencia del oficialismo. En el entorno de Kicillof sostienen que la libre disponibilidad puede ser discutida, pero consideran que la bicameral no debe transformarse en una instancia de aprobación política de los pagos.
La posición del Ejecutivo y el respaldo de Bianco
La postura del Gobierno provincial fue explicitada esta semana por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. El funcionario dejó abierta la puerta para avanzar hacia una mayor autonomía de los municipios, aunque rechazó cualquier esquema que otorgue capacidad de decisión sobre los giros a la comisión legislativa.
“Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa”, sostuvo.
La definición no fue menor. Con esas declaraciones, el Ejecutivo buscó alinearse con el reclamo de numerosos intendentes, pero al mismo tiempo marcar una diferencia respecto del proyecto impulsado por sectores de la oposición.
En los hechos, la administración provincial propone mantener la bicameral como un órgano de seguimiento y control de la deuda pública, sin facultades para intervenir en la ejecución de los fondos destinados a las comunas.
Radicales, PRO e intendentes: distintas recetas para el mismo problema
La discusión legislativa no se limita a una confrontación entre oficialismo y oposición. Dentro de los propios bloques opositores conviven propuestas diferentes sobre cómo resolver el reclamo de los intendentes.
Además del proyecto de Garciarena, el diputado radical Valentín Miranda presentó otra iniciativa que también impulsa la libre disponibilidad total de los recursos, pero plantea que la distribución se realice íntegramente a través del CUD y sin intervención de la bicameral en la autorización de los pagos.
Miranda argumentó que numerosos municipios enfrentan dificultades financieras crecientes y necesitan mecanismos ágiles para acceder a los recursos.
Por su parte, el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich, propuso una alternativa distinta. Su proyecto mantiene el reparto tradicional del 70% por CUD, pero establece que el 30% restante también pueda utilizarse libremente mediante un coeficiente combinado que contemple tanto el CUD como los ingresos corrientes registrados por cada distrito durante 2025.
Las distintas iniciativas reflejan que existe consenso sobre la necesidad de flexibilizar el uso de los fondos, aunque persisten diferencias respecto de quién debe administrar los mecanismos de distribución y control.
La bicameral, el verdadero centro de la disputa
Aunque el debate público gira alrededor de la libre disponibilidad de los recursos, en la Legislatura admiten que la discusión de fondo pasa por otro lado: el papel que tendrá la comisión bicameral creada para monitorear el endeudamiento provincial.
La ley estableció que ese organismo estará integrado por siete diputados y cinco senadores. La Cámara baja ya designó a sus representantes. Por el oficialismo fueron nombrados Rubén Eslaiman, Carlos Puglelli, Mayra Mendoza, Juan Pablo de Jesús y Mariano Cascallares. La oposición estará representada por Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich.
La posibilidad de que ese cuerpo tenga capacidad efectiva para habilitar o demorar transferencias a los municipios es vista con desconfianza tanto por sectores del Ejecutivo como por varios intendentes.
No se trata solamente de una discusión técnica. En un año atravesado por tensiones políticas y necesidades financieras crecientes, la administración de esos recursos implica también una cuota significativa de influencia territorial.
Los municipios presionan mientras se acercan los vencimientos
La urgencia de los intendentes explica buena parte de la presión que rodea la discusión. El FEFIM surgió durante las negociaciones por la ley de endeudamiento que autorizó al Ejecutivo bonaerense a tomar deuda por hasta USD 3.685 millones.
Como parte de ese acuerdo, se creó un fondo equivalente al 8% de los recursos obtenidos mediante ese financiamiento, con un piso garantizado de $250.000 millones para los municipios.
Cuando la norma fue aprobada, el esquema de distribución parecía suficiente. Sin embargo, el deterioro de las cuentas locales, la caída de la recaudación y la reducción de los recursos coparticipables modificaron el escenario.
En las últimas semanas, intendentes del peronismo, el radicalismo y el PRO nucleados en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDE) intensificaron el reclamo para acceder sin restricciones a la totalidad de esos fondos.
La demanda se volvió especialmente sensible ante la proximidad de obligaciones salariales y el pago del medio aguinaldo, un compromiso que varias administraciones locales observan con creciente preocupación.